Sanidad mantiene la asistencia a los «sin papeles» pese a que se limitó

La Conselleria de Sanidad asumió hace un año que debía acatar el Real Decreto-ley 16/2012 de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones» que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Conselleria de Sanidad asumió hace un año que debía acatar el Real Decreto-ley 16/2012 de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones» que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que eliminaba del sistema público a los inmigrantes sin regularizar. Otras Comunidades -País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña- se declararon entonces insumisas y anunciaban su intención de seguir atiendo a los «sin papeles» -se contabilizaron 153.000 inmigrantes no comunitarios indocumentados-. La Generalitat no fue tan directa en sus intenciones, si bien es cierto que se apuntó la posibilidad de proporcionarles asistencia a través de fórmulas administrativas y programas específicos. Un año después de la aprobación de la norma estatal, se confirma esta voluntad.

Lo corroboran las asociaciones que luchan en contra de lo que han denominado «apartheid sanitario». En este sentido, el presidente de Médicos del Mundo Comunitat Valenciana, Rafael Sotoca, ratifica que se ha dado orden a los directores de los centros públicos de que sigan prestando asistencia a este colectivo pese a las restricciones-según la nueva ley solo tienen derecho a la red pública en caso de urgencia vitales, los menores de edad, y mujeres embarazadas, incluido el parto-.

Código deontológico

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran que, pese a no disponer de datos detallados de otros tipos de atenciones más allá de estos tres supuestos, «en ámbito entra en muchas ocasiones el criterio profesional y personal de los médicos», que, atendiendo a su código deontológico, no suelen negar la atención sanitaria a ningún enfermo.

«No existen instrucciones claras de Sanidad», lamenta al respecto el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFiC), Carlos Fluixà. «Esta actuación resuelve los casos sangrantes, pero no soluciona el problema de fondo. Lo parchea».

El colectivo médico cree que el cambio legislativo «rompió el modelo asistencial que tanto nos ha costado alcanzar», y no solo eso, sino que resulta «absurdo» que bajo la pretensión de un ahorro, se potencie un servicio más caro -el de Urgencias- frente a otro más rentable -el de la Atención Primaria. «Las Urgencias ya estaban colapsadas desde antes, pero ahora lo que se ha producido es un encarecimiento del servicio, pues los que no pueden ir al centro de salud, lo hacen por la vía de emergencia. Si de verdad buscan ahorrar ¿cómo promocionan la asistencia más cara?».

Sotoca, por su parte, añade que estos pacientes con miedo son la parte menos visible del problema. «Esa demanda oculta no está resuelta». Denuncia que, pese al tiempo transcurrido, no existen protocolos claros. «Si yo me pongo malo, ¿dónde voy? No lo saben. No está escrito en ningún sitio. Son víctimas de la incertidumbre a la que les abocó el Real Decreto».

En cuanto a la Atención Primaria, el doctor Fluixà explica: «No conozco a ningún médico que se haya negado a asistir a un paciente. Se atiende al que sufre, al enfermo, no al asegurado».

Sin embargo, la puesta en marcha de la norma estatal, cuya aprobación cumple un año el próximo día 20 y que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, conlleva otros daños colaterales. Según Fluixà, las facturas que envía la Administración a los «sin papeles» están resultando disuasorias. «Tienen miedo de que se le incluya en una lista de morosos y ello les impida conseguir finalmente los papeles».