Un decreto ley bajo presunta «ilegalidad»

El grupo parlamentario de Ciudadanos solicitó un informe jurídico que estudie la legalidad del pleno de ayer de Les Corts Valencianes

Intensa, crispada y repleta de polémica se desarrolló ayer la primera sesión plenaria de Les Corts, que culminó con la convalidación del decreto ley de plurilingüismo por 50 votos a favor, 30 en contra, tres abstenciones y con el abandono de la Cámara del grupo parlamentario de Ciudadanos, alegando «no querer participar en esta ilegalidad».

De «anticonstitucionalidad» también hablaron tanto la portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, como la síndica popular, Isabel Bonig, argumentando que la primera sesión ordinaria debe ser para abordar la Política General, tal como recoge el artículo 76 de Les Corts, no para «validar una normativa que es una artimaña».

Sin embargo, la mayoría parlamentaria -PSPV, Compromís y Podemos- impuso la convalidación del decreto-ley presentado el pasado viernes por el Consell con el fin de poner en práctica sus programas lingüísticos en las aulas de 3 años de Infantil -el resto continuarán con la normativa del año pasado, por exigencia de los tribunales-.

Además, tanto para Ciudadanos como para los populares la validación de este decreto ley en la sesión de ayer es considerada ilegal al no existir ningún tipo de urgencia, ya que el Consell ha tenido muchos meses para rectificar.

A pesar de ello, «Marzà solo ha perseguido eludir a la Justicia y ha empleado la urgencia para aprovecharse de ella. La suspensión del decreto de plurilingüismo fue el cuatro de mayo. Había tiempo y, si no lo había, no haberse ido de vacaciones», denunció Gascó.

Desde hace 109 días el Consell conoce las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia valenciano en relación a la normativa lingüística, pero fue ayer, a dos días del arranque de las clases, cuando se convalidaron los proyectos lingüísticos de la Comunitat. Un hecho que, desde la oposición, calificaron de «incompetencia política».

«Hemos esperado la resolución, respetando el tiempo de los tribunales», argumentó Marzà para justificar el silencio administrativo de los últimos meses. Una falta de respuesta que padres y madres llevan denunciando desde mayo hasta ahora.

Desde su presentación, 11 recursos han ido paulatinamente interponiéndose contra el «plurilingüismo» entre asociaciones, sindicatos y grupos de padres y madres.

Con todo, desde las filas del PSPV, Manuel Mata trasladó al PP la responsabilidad de la situación, alegando que han «mareado a la comunidad educativa».

Ante tal ofensiva, la presidenta del PP respondió que no es su partido el causante de que la normativa lingüística esté suspendida, sino por sentencia del TSJ-CV.

El mismo órgano judicial que ayer, coincidiendo con el pleno de Les Corts, publicó un nuevo auto desestimando el recurso presentado por la Conselleria de Educación contra la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo.