16 familias okupan un edificio entero en Quintana

Exigen un «alquiler social» al propietario que prevé rehabilitar la comunidad y venderla.

Hace dos semanas que el edificio situado en la calle Elfo, 41 tiene nuevos «inquilinos». En concreto, 16 familias que por diferentes circunstancias okuparon unas viviendas que, a pesar de lucir una fachada impecable, por dentro esconden su cara más amarga. Las paredes tienen humedades, el techo tiene agujeros y la luz y el agua son un «lujo» inexistente. Aunque no han pagado nada por estar en estas viviendas, estas familias poseen hasta las llaves del domicilio que okupan. Y es que, según contaron a este periódico, un ciudadano de origen rumano les ofreció las llaves de la casa a cambio de una cantidad determinada de dinero. Cuando cada parte obtuvo lo que necesitaba éste desapareció sin dejar rastro. «Somos conscientes de que lo que estamos haciendo no es legal y, probablemente, el que nos dio el piso fue el que reventó las puertas, pero no tenemos otra opción», dice uno de los okupas con un niño en los brazos de apenas cinco meses.

Algunos son payos, otros gitanos. Algunos llevan meses sin ingresos y otros trabajan día y noche para poder llevar un plato de comida caliente a casa. Unos fueron desahuciados de sus viviendas y otros llevan años vagando de casa en casa okupa. Sus historias son muy diferentes, pero algo les une: están ahí «por necesidad», asegura otra de las residentes del edificio de unos 60 años.

Ángela es otra de las okupas. Tiene tres hijos, todos menores, y antes de estar allí, dormía en una furgoneta «o donde nos dejaban», dice apenada. «No queremos estar de okupas, hemos hablado con el propietario para que nos ofrezca un alquiler, pero se niega», continúa relatando. Según explican, el propietario del edificio intentó negociar con las familias y llegó a ofrecerles hasta «1.000 euros» para que se fuesen. En el portal inmobiliario Idealista la comunidad okupada aparece completamente rehabilitada y hasta con una piscina que ahora no dispone. El precio medio de los pisos cuando se entreguen en condiciones completamente habitables –el cuarto trimestre de 2018 es el plazo que se han marcado desde la constructora– va de los 235.000 a los 336.000 euros. Pero para que la operación inmobiliaria concluya con éxito será necesario que los moradores, que han entrado en los pisos de forma irregular, se marchen. Ellos insisten en pedir lo que denominan un «alquiler social» que en este caso, al tratarse de un edificio propiedad de un titular privado, no ha lugar.

Estefanía tiene dos pequeños y en pocos meses iba a tener a su tercer hijo. Explica que el pasado lunes, después de una visita inesperada de la policía, sufrió un aborto «por el gran estrés» al que lleva sometida desde que ocuparon la vivienda. Aseguran que no son personas conflictivas y se consideran «luchadores». «Mira como están las casas, así no se pueden vender, ¿Por qué no nos las alquilan a nosotros?», se preguntó otro de los okupas.

La Policía ya ha visitado dos veces a estos okupas aunque el lanzamiento aún no se ha ejecutado. Tendrán que hacerlo una tercera vez porque estas familias no piensan abandonar las casas hasta que, dicen, tengan una solución habitacional asequible con el nivel de vida.