Madrid- La «marea verde» nació en septiembre de 2011 como respuesta a la decisión de la Comunidad de Madrid de aumentar en dos horas y media el horario lectivo semanal de los profesores, que pasaron de trabajar 35 horas a 37,5. Alentados y apoyados por los sindicatos, partidos de izquierda y movimientos «indignados», los también llamados «camisetas verdes» convocaron huelgas educativas y manifestaciones como las que ahora protagonizan las «batas blancas». En aquel caso, hubo quien sacó beneficio de las protestas. Fue la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que destapó un posible caso de fraude fiscal. Según reveló Aguirre, la venta de camisetas verdes se había convertido en un jugoso negocio en negro del que se lucraban las asociaciones que las comercializaban.

Por este motivo, el PP interpuso una denuncia en la Agencia Tributaria contra la Plataforma para la Defensa de la Educación Pública, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos y la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas por «lucrarse» con la venta de las camisetas verdes sin pagar ni el IVA ni el Impuesto de Sociedades.

En concreto, y según reconocían estas asociaciones en diferentes mails que LA RAZÓN publicó, la producción y serigrafiado con el lema «escuela pública: de todos para todos» costaba 3 euros por camiseta, sin embargo, estas asociaciones luego las vendían a los manifestantes y simpatizantes de «su causa» por cinco euros como mínimo cada una. Aquello les resportaba un beneficio de dos euros por prenda en negro, el 40% del total. Según los cálculos del entonces presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid, ahora portavoz del Gobierno regional de Ignacio González, Salvador Victoria, los comercializadores de estas camisetas habrían conseguido al menos unos 51.000 euros y un beneficio limpio de más de 20.000 euros.

Por aquello, la FAPA Giner de los Ríos denunció a Victoria por injurias y calumnias. Una denuncia que la Justicia ha archivado de forma definitiva. Parece que el tribunal ha atendido la petición de la Fiscalía del TSJM que solicitó el archivo de la denuncia en un escrito en el que puso de relieve el uso político de las «camiseta verdes» dentro de «un contexto de contienda pública sobre dicha política educativa».