Interior oculta a un responsable del asesinato de Federico García Lorca

El próximo día 16 de agosto se cumplirán 89 años de la detención de Federico García Lorca, cuando un pelotón de fascistas, encabezados por Ramón Ruiz Alonso, se presentó en el número 1 de la calle Angulo, en la casa de la familia Rosales en Granada. De allí se lo llevaron al Gobierno Civil donde, tras permanecer unas horas, fue asesinado en algún lugar entre Víznar y Alfacar, pese a que alguno todavía diga lo contrario.

Nos faltan documentos sobre aquel crimen y los pocos que existen, al menos los de carácter oficial, los que fueron generados durante el franquismo, o permanecen secretos o se conocen parcialmente. Hasta el pasado 11 de mayo, el Centro Federico García Lorca de Granada dedicó una completa exposición –de la que se hizo eco este diario– al archivo del poeta y a la documentación generada tras su muerte. Entre los papeles dejados por instituciones destacaba la primera exhibición pública del papeleo que el Ministerio del Interior guarda en sus fondos sobre el crimen, herencia de los documentos generados por el Ministerio de Gobernación franquista. Pese a que buena parte de estos papeles son conocidos por los investigadores, Interior decidió de uno de ellos solamente podía mostrarse de manera censurada. Se trata de una nota de la Jefatura Superior de Policía, concretamente de la Tercera Brigada Regional de Investigación Social. Redactada en Granada el 9 de julio de 1965 lleva como asunto «Antecedentes del poeta Federico García Lorca». Además de contener fallos, como llamar María a la madre del poeta cuando en realidad era Vicenta, en él se narra la detención del autor de «Bodas de sangre», apuntando que la llevaron a cabo Ramón Ruiz Alonso, Juan Luis Trescastro y otra persona cuya identidad es censurada por el Ministerio del Interior.

Más adelante, cuando se narra el desesperado intento, esa misma noche, de salvar a Lorca por parte de los hermanos Luis y José Rosales, el Ministerio del Interior vuelve a censurar los nombres de

quienes los acompañaron a entrevistarse con el gobernador civil José Valdés, en el informe llamado Miguel.

¿Por qué se ocultan estos nombres? En un primer correo electrónico, el Ministerio del Interior aseguró a este diario que «no censura fuentes documentales». En un segundo argumenta que, a raíz de la petición para la citada exposición en el Centro Lorca, se enviaron las copias, «mediante resolución del Secretario General Técnico de 19 de junio de 2024, despersonalizando los datos de carácter personal de terceros que aparecen en el documento, de conformidad con lo dispuesto el artículo 57.1.c) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, que establece la obligación de evitar la consulta pública de aquellos documentos “que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen (…) sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”». Pero no queda claro por qué sí se hacen públicos los nombres de, por ejemplo, Ruiz Alonso y Trescastro y no el de la tercera persona que participó en la detención. Este diario ha accedido al documento sin censura y podemos fijar que el tercer nombre era Federico Martín Lagos, fallecido en 1964, es decir, hace más de 25 años, lo que invalidaría el ocultamiento de Interior.

La presencia de Martín Lagos, jefe de centuria falangista en agosto de 1936, de quien por primera vez podemos reproducir su imagen, está confirmada por Miguel Rosales en declaraciones al periodista Eduardo Molina Fajardo. Según Miguel, el único miembro de la familia Rosales que acompañó a Lorca con quienes lo detuvieron hasta el Gobierno Civil, Martín Lagos vivía «al lado de nuestra casa». En la misma declaración, apunta que Martín Lagos habría participado en la detención del poeta «por destacarse o vanagloriarse, pues no era demasiado inteligente». Quien fuera uno de los responsables directos de la detención de Lorca falleció en 1964. Sus restos se encuentran en el Patio de las Angustias del Cementerio de Granada.

En este mismo lugar descansa, desde 1971, otro de los nombres ocultos en el informe. Es el de Cecilio Cirre Jiménez, jefe del sector de la Falange granadina y una de las personas que la noche del 16 de agosto de 1936 estuvo con Luis y José Rosales tratando de salvar a Lorca. De quien no ha podido saber este diario la fecha de su muerte es de la otra persona cuya identidad fue ocultada por el Ministerio del Interior para la citada exposición. Se llamaba José Díaz Pla y tuvo un papel muy importante en el fallido intento de rescatar a Lorca porque ayudó a Luis Rosales a redactar un documento en el que el autor de «Abril» justificaba por qué había ocultado al autor de «Yerma» en su casa durante seis días de aquel agosto de 1936.

Durante el franquismo se llevaron a cabo tres investigaciones. La primera la realizó el inspector de policía de Granada José Mingorance Jaraba poco tiempo después del final de la contienda. En 1965 hubo otra tras una petición de Marcelle Auclair, amiga de Lorca, para consultar los documentos sobre el crimen que se le denegaron. La última es de 1971 provocada por la publicación en esas fechas de la primera obra de Ian Gibson sobre el crimen.

Todo eso es aún secreto de Estado.