Comunidad de Madrid
Acusan a Vox de «cacerías de brujas» al pedir datos de los talleres LGTBI en colegios
Cs dice que Vox “está en su derecho” de pedir a la Asamblea la información que quiera
El PSOE acusa a Vox de iniciar una “cacerías de brujas” al pedir los nombres de quienes hacen talleres LGTBI en colegios
El PSOE no sale de su asombro con la última petición de Vox. Es más, “nos parece un auténtico escándalo” que la formación de Rocío Monasterio haya registrado en la Asamblea de Madrid la relación de colegios públicos y concertados en los que Cogam ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole en los últimos cuatro años. Y no sólo eso, pide detalles: fecha de celebración, el temario que se ha impartido a los alumnos y una breve descripción de la actividad, nombres y apellidos de los ponentes y los destinatarios.
La diputada socialista Carla Antonelli no sale de su estupor. “Hemos observado con estupor lo que se ha presentado en el libro de registros de la Asamblea de Madrid y es una auténtica cacería de brujas, una demonización y una inquisición hacia el colectivo LGTBI”. Según el PSOE, el mensaje que Vox quiere transmitir es que “vamos a hacer una lista negra de Vd y vamos a fiscalizarlos pero esto vulnera la Ley de Protección de Dato”, ha añadido.
Antonelli ha detallado que los cursos y talleres en los colegios se han impartido al amparo de las leyes vigentes de Igualdad y LGTBI de la Comunidad de Madrid. Por eso asegura que su grupo político “va a votar en contra de que se admita esa petición de información” y, si se hace, no descarta acudir a la Fiscalía. El anuncio “es una preludio de lo Vox va a hacer en estos cuatro años de legislatura que es la persecución, demonización de las personas LGTBI, con lo que Monasterio tiene una especial obcecación. Nos va a encontrar de frente en la legislatura”, ha sentenciado.
Mientras, el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, ha restado importancia a la iniciativa de Vox al asegurar que Vox “está en su derecho de pedir la información que considere oportuna y la Comunidad será la que tenga que valorar si es conforme a derecho o no”.
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