Barbero quiere retirar a la Policía Municipal de Plaza de Castilla

El concejal de Seguridad de Carmena informó al juez decano de Madrid de su decisión de quitar a los cuatro agentes que actualmente prestan servicio en la sede judicial «para aumentar la dotación en los distritos»

El concejal de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, visitó el lunes de la semana pasada al juez decano de Madrid, Antonio Viejo. Durante la reunión, que duró alrededor de dos horas, se trataron varios temas, como la actuación de los juzgados hipotecarios con el problema de las okupaciones en los pisos de protección vendidos a fondos buitre. Pero uno de los asuntos más relevantes fue la decisión del responsable de Seguridad en el Consistorio de retirar a los agentes de Policía Municipal que realizan labores de vigilancia de los juzgados de Plaza de Castilla, algo que en cierta forma se ha ido haciendo de forma gradual. Y es que actualmente sólo hay cuatro agentes en el hall interior del edificio adscritos a la Unidad de Distrito de Tetuán y unidades limítrofes en función de las necesidades del servicio. Fuentes municipales confirmaron ayer a este diario la intención de Barbero aduciendo que «se trata de una competencia de Policía Nacional y para poner al servicio de los distritos el máximo número de agentes». Algunos agentes se mostraron sorprendidas por los planes de Barbero, ya que, al tratarse de un número tan insignificante de efectivos (sólo cuatro), no parece que les arregle demasiado el problema de escasez de plantilla. Pero al tratarse de un edificio cuya competencia depende de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, al no existir ningún acuerdo firmado sobre esta vigilancia, el actual concejal no tendría que dar demasiadas explicaciones. Aunque desde el Ayuntamiento explican que la decisión está tomada, fuentes cercanas aseguran que el tema «aún está muy verde» y que lo está tratando con el decano. Si desaparecen los agentes, el Gobierno regional tendría que aumentar el número de vigilantes de seguridad privada que ya trabajan en el lugar. Un gasto que la Comunidad no podría asumir hasta la próxima elaboración de presupuestos y aumente la partida destinada a estos menesteres.

Los agentes municipales llevan encargándose de estas labores en la sede judicial por antonomasia de la capital (la única en la que hay presencia de Policía Municipal) desde 2008, cuando el entonces decano, José Luis González Armengol, así lo acordó de forma tácita con el entonces concejal de Seguridad Pedro Calvo. Al no existir ningún acuerdo escrito, su retirada –que sería de forma gradual y aún se tiene que estudiar– sería sencilla, al no tener que rescindir ningún acuerdo firmado. Hasta 2008 era la Guardia Civil, encargada del traslado de presos, quien hacía esas labores, pero había pocos efectivos y se decidió que la Policía Municipal podía asumir esa tarea.

Eran las casi extintas UCES («antidisturbios» de la Policía Municipal) quienes estaban en las puertas de los juzgados (un equipo de unos 6-8 agentes) para vigilar el perímetro y controlar las concentraciones y protestas que con frecuencia se dan en el lugar. Además del exterior, también asumieron el acompañamiento en los traslados del coche del juez de guardia a distintos sucesos, que antes realizaba la Policía Nacional, según fuentes policiales. Aunque la idea inicial parece que era que este servicio lo hubiera asumido la División de Seguridad Patrimonial (encargada de la vigilancia en ciertos edificios encomendados), en la práctica nunca llegó a ser así y lo sigue realizando la Unidad de Distrito de Tetuán y de distritos limítrofes.

La retirada de estos agentes lógicamente no afectaría a la Unidad de Coordinación de Policía Judicial, adscrita a los juzgados y encargada de labores de enlace, tramitación judicial y demás burocracia. Fuentes conocedoras del encuentro entre Barbero y el decano de Madrid, Antonio Viejo, destacaron que la visita del responsable de Seguridad a los juzgados no pasó inadvertida al haber coincidido en el tiempo con su reciente imputación por calumnias, tras haber llamado «fascistas» a los policías que le hicieron un «escrache» el pasado 16 de febrero. Tendrá que declarar el próximo día 25 ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero. Se le acusa de vulnerar los artículos del código penal 504.2 y 211, que hacen referencia a las injurias o amenazas graves a las Fuerzas de Seguridad.

Precisamente, fue el día después de esa reunión (día 5) cuando el Ayuntamiento asegura que recibió el auto de imputaciób del concejal. Sin embargo, el auto del Juzgado 47 está fechado a 30 de marzo y la parte denunciante, el sindicato de Policía Municipal de mayor represenación, CPPM, lo recibió a día 1 de abril. Parece extraño que la otra parte afectada no lo recibiera hasta cuatro días después, pero como hubo un fin de semana de por medio, cabe la posibilidad. Es decir, el auto del juzgado es del miércoles 30; el jueves, día 31, casualmente, presentó el Plan Director de la Policía; el viernes, día 1, el denunciante recibe la notificación; el lunes 4 Barbero se reúne con el decano, el martes 5 recibe la notificación (según el Ayuntamiento) y el miércoles 6 lo hace público.