Carmena quiere cobrar el IBI a la Iglesia y fomentar las «confesiones discriminadas»

Manuela Carmena quiere tener aprobado su Plan de Derechos Humanos (DD HH) en diciembre. Para ello, el consistorio ha publicado un primer borrador con el fin de que los madrileños hagan aportaciones hasta el próximo 4 de noviembre. Se trata de un proyecto cargado de polémica y que cuenta, según quedó acreditado en el Pleno de ayer en Cibeles, con el frontal rechazo de PP y Ciudadanos. Tal y como adelantó LA RAZÓN, el plan redactado por el equipo del tercer teniente de alcalde, el concejal de IU Mauricio Valiente, pone en la diana a los funcionarios municipales –especialmente a los policías– y a otras entidades como la Iglesia católica. Respecto a esta última, por ejemplo, se propone «instar al Gobierno de la nación a revisar la normativa estatal sobre exenciones fiscales» para así vigilar «que no se dan posibles privilegios fiscales a una determinada creencia religiosa». Esto se traduciría en solicitar a la administración estatal la derogación de los acuerdos con la Santa Sede en virtud de los cuales la Iglesia no paga el IBI por sus inmuebles.

También dentro de los límites de la libertad de religión, el borrador del Plan propone el fomento de las confesiones religiosas «discriminadas» mediante subvenciones públicas, así como un estudio para saber si se ha «privilegiado de forma no justificada a una determinada religión» en la cesión de espacios públicos.

Las entidades religiosas se verían equiparadas a las actividades recreativas y de espectáculos en la interpretación de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, lo que en la práctica podría abrir la puerta a sanciones. Se introducirán actividades como la «Noche de las religiones» y se revisarán los servicios funerarios para establecer «espacios muticonfesionales».

Otro de los objetivos que se ha marcado el Gobierno municipal es el derecho a una «seguridad centrada en los Derechos Humanos» y propone unas medidas que dejan en entredicho la labor que la Policía Municipal venía desarrollando hasta ahora, dado el hincapié que hacen en garantizar el cumplimiento de estos derechos. Para ello, quieren establecer un protocolo «sobre el uso de la fuerza, prevención de la tortura y malos tratos, así como sobre la utilización de armas y medios de defensa, protección e inmovilización conforme a los estándares internacionales». De esta forma, se especificará en qué situaciones se puede utilizar y por parte de qué unidades y/o agentes. También hacen hincapié en la prohibición de utilizar armas no reglamentarias.