Cero multas por no llevar la pegatina de la DGT

Los agentes de movilidad tienen dudas legales sobre la aplicación de la sanción que reguló Carmena

Han pasado seis meses desde que Carmena obligó a los madrileños a llevar la pegatina de la DGT en el coche para poder circular y no se han puesto multas, según confirma el Ayuntamiento de Madrid. La Policía Municipal no cuenta con una estadística que detalle de manera específica esta infracción de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, cuyo incumplimiento supone una multa de 15 euros. Tampoco ha hecho una campaña específica de vigilancia de su cumplimiento. El Consistorio no tiene constancia de que los agentes de movilidad hayan abierto expedientes sancionadores y las cámaras que registran las infracciones que se remiten al Centro de Control de la Movilidad tampoco han hecho constar caso alguno.

Carmena convirtió en obligatorio llevar el distintivo ambiental de la DGT para circular y aparcar en Madrid el pasado 24 de abril, cuando en el resto de España, excepto en Barcelona, es opcional, tal y como reguló la DGT. La normativa afecta a todos los vehículos: coches, motocicletas, autobuses o camiones, después de incluir la obligación en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que está vigente. Las empresas de renting se quejaron de que la compra de distintivos les generaba unas pérdidas de dos millones de euros porque introducían 150.000 coches nuevos cada siete meses; creó caos entre las empresas turísticas extranjeras que tienen Madrid como destino y que no sabían si tenían que llevar pegatina o no; cientos de ciudadanos se apresuraron a ir a las oficinas de Correos para conseguirla, aguantaron colas, desembolsaron entre cinco y once euros, otros colapsaron los servicios de atención telefónica solicitando información. Más aún, creó malestar entre los moteros que lamentaban cómo pegar una etiqueta en sus vehículos de dos ruedas dañaba la estética de la moto y obligaba a reemplazarla cada menos tiempo. La medida, sin embargo, ha generado un negocio de setenta millones de euros, según los cálculos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

¿Por qué no se multa? La cuestión tiene que ver con las dudas que han surgido entre los agentes de movilidad sobre la legalidad de poder aplicar las sanciones a los conductores que regula ordenanza municipal por no llevar el distintivo ambiental, según explica el Ayuntamiento. Sobre todo cuando hay una normativa de la DGT, de alcance nacional, que no contempla sanciones, aunque da vía libre a los ayuntamientos a legislar sobre este asunto.

Organizaciones de defensa de conductores, como AEA, han asegurado que el distintivo ambiental creado por la DGT «es de dudosa legalidad porque ni Tráfico tiene competencias para clasificar técnicamente los vehículos, ni la ley ha determinado quién debe expedirlo, sus características o su coste».

Respecto del precio, por el que algunas entidades han estado cobrando entre 5 y 10 €, AEA ha advertido que este hecho «podría constituir una exacción ilegal al no haberse regulado por ley el cobro de una tasa y tampoco nadie ha explicado por qué se enviaron gratuitamente distintivos a 4.500.000 de automovilistas, y al resto, unos 14.000.000, se les ha tratado de forma discriminatoria obligándoles a comprar una pegatina. Además, se ha dejado indefensos a millones de automovilistas al no haberles comunicado, como obliga la ley, la nueva clasificación medioambiental de sus vehículos, impidiendo la posibilidad de presentar una reclamación en caso de disconformidad. De hecho, miles de vehículos están mal clasificados y la DGT les niega una pegatina para poder circular por Madrid», explicó Arnaldo.

«Está bien la clasificación que se ha hecho de los vehículos como elemento de comunicación por una cuestión pedagógica para los conductores, pero no es razonable sancionar por este motivo», explica Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial. En su opinión, «por lo que se debería sancionar es por tener derecho o no a circular, no por llevar o carecer de la pegatina de la DGT». Ledesma cree que Tráfico «sólo clasifica los coches, pero las prohibiciones son cosa de cada Ayuntamiento. En realidad, no hay colisión entre la norma de la DGT, que recoge los hechos a los que luego los ayuntamientos pueden poner restricciones».