Cifuentes acaba con el Consejo Consultivo por la vía rápida

Los ex presidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre –que no entró en el Consejo Consultivo– e Ignacio González, en la toma de posesión de Cristina Cifuentes
Los ex presidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre –que no entró en el Consejo Consultivo– e Ignacio González, en la toma de posesión de Cristina Cifuentes

Elimina el órgano que integraban Leguina, Gallardón y González por el trámite corto de lectura única.

La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, aprobó ayer el proyecto de ley que acabará con el Consejo Consultivo y mandará a los ex presidentes que forman parte del mismo –Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, puesto que Esperanza Aguirre rechazó entrar en él– al limbo administrativo, al menos hasta que decida cómo reconocer su labor al frente de la región. Además, Cifuentes ha escogido el método más rápido para que la supresión del Consejo sea efectiva cuanto antes. Así, el proyecto de ley será remitido a la Asamblea mediante el procedimiento de lectura rápida, con el objetivo de agilizar su tramitación, es decir, no tendrá que se sometido a un debate previo y se llevará directamente a su votación en el Pleno, donde contará con el apoyo de Ciudadanos. «Con esta medida, avanzamos en la supresión de duplicidades y logramos un ahorro para los madrileños de 2,3 millones de euros», señaló.

Según explicó la presidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, finalmente han descartado delegar las competencias del Consejo Consultivo al Consejo de Estado para no sobrecargar de trabajo a este último. En su lugar, se creará una Comisión Jurídica de la Abogacía General de la Comunidad para los casos de consulta y asesoramiento «con dedicación exclusiva y de manera independiente orgánica y funcionalmente de la Administración», detalló Cifuentes. Para las reclamaciones contra los actos en materia de acceso a la información pública de la Administración autonómica y de las entidades locales de Madrid, serán resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

En cuanto al patrimonio, los derechos y las obligaciones pasarán a la Comunidad, si bien Cifuentes reconoció que aún no saben qué harán con el alquiler de la sede del Consejo, en la calle Gran Vía, que expira en 2016. En cuanto al personal, sin contar los consejeros, los funcionarios de carrera con puesto de letrado pasarán a estar adscritos a la Abogacía General de la Comunidad, mientras que el resto, provisionalmente, pasarán a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

Acuerdo con Ciudadanos

Respecto al futuro de los ex presidentes regionales que forman parte del Consejo Consultivo, Cifuentes explicó que aún no han decidido qué se hará para reconocer su labor y, para ello, se fijarán en qué existe en otras comunidades autónomas en otros países respecto a su estatus y reconocimiento. En este punto, la presidenta aclaró que quiere consultar con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con Ciudadanos, debido a que la supresión de este organismo formaba parte del acuerdo de investidura con esta formación. «A priori, no hay nada prejuzgado al respecto», detalló.

La eliminación del Consejo Consultivo, una vez que sea aprobada por la Asamblea, supondrá un ahorro de 2,3 millones de euros, «sin que ello suponga merma en ningún momento para la imparcialidad e independencia de la Administración pública», indicó la presidenta. De este ahorro, casi un millón de euros corresponde a la retribución de los altos cargos, puesto que los once que ostentaban esta categoría recibían una retribución de 962.794 euros anuales. Junto a éstos, en el organismo trabajan cinco eventuales con un coste de 140.000 euros anuales y 28 funcionarios, cuyo salario es de 1,2 millones de euros cada año. Sobre estos últimos, Cifuentes señaló que «hay que seguir pagándoles aunque vayan a realizar otras funciones».