Cuatro años por cinco muertes

El juicio del «caso Madrid Arena» arranca hoy en la Audiencia Provincial con quince personas sentadas en el banquillo de los acusados. La Fiscalía no pedirá en ningún caso más de cuatro años de prisión para Flores

La tragedia del Madrid Arena, donde cinco jóvenes perdieron la vida en la fiesta de Halloween de 2012, sentará a partir de hoy a quince acusados en la sección séptima de la Audiencia de Madrid. Dos fiscales dedicados en exclusiva a un juicio que se prevé que dure casi medio año y en el que se tratará de esclarecer todo lo que sucedió alrededor de ese evento que sesgó la vida de unas chicas que sólo pretendían divertirse.

Fiscalía y acusaciones particulares coinciden en lo esencial, en el relato de hechos y en que el sobreaforo, las faltas de medidas de seguridad y el hecho de que cinco de los ocho vomitorios de salida estuviesen cerrados fueron las causas que determinaron el fatal desenlace. Sin embargo, mantienen criterios muy distintos en dos aspectos de no poca importancia: si se debe imponer una única pena por los cinco delitos de homicidio imprudente que imputan al principal acusado, Miguel Ángel Flores, como sostiene el fiscal, o si corresponde una pena por cada delito; y, por otro lado, si el ex responsable de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo tiene o no responsabilidad penal por estos hechos. En este último punto, el fiscal le exime, mientras que las acusaciones aseguran lo contrario.

El Ministerio Público sostiene que lo único procedente es pedir una pena única de cuatro años de cárcel para Flores por los cinco delitos de homicidio imprudente. «No se puede pedir más, sería ilegal, sería contrario a la Ley», afirmó al respecto el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo. Sólo es «posible» y «legal», añadió, pedir esa pena, que es la «máxima permitida en el Código Penal» para esos delitos cuando se producen en concurso ideal.

Este criterio, según ha podido saber LA RAZÓN, no será modificado en ningún caso al alza por la Fiscalía cuando tenga que elevar a definitivas sus conclusiones.

Y, en cuanto a Monteagudo, el Ministerio Público sostiene que no hay ninguna prueba que determine que la conducta de la Policía Municipal «contribuyera al trágico resultado», por lo que entiende que no le puede imputar ninguna responsabilidad.

Junto a ello, sí quiso dejar claro que lo sucedido no fue en ningún caso «un accidente».

Por el contrario, afirma que fue «claramente evitable», y que fueron los acusados –excepto Monteagudo– quienes, «con su falta de intervención, contribuyeron a dicho resultado».

En cambio, la Fiscalía considera que las pruebas resultantes de la instrucción no han determinado que la conducta de la Policía Municipal «contribuyera a ese resultado de las cinco muertes» y que todo lo relacionado con el botellón que se «celebraba» en el exterior del recinto «no influyó» en la tragedia que ocurrió en el interior del recinto. Junto a todo ello, el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero, quiso mostrar su «inequívoco compromiso con las víctimas y sus familiares», compromiso que, añadió, se acentúa por la edad que tenían las víctimas.

La opinión de las familias

Los abogados de las familias, sin embargo, discrepan de la línea del Ministerio Público. A juicio de los letrados, lo que ocurrió aquella fatídica madrugada del 1 de noviembre de 2012 no fue una simple imprudencia o negligencia al uso, sino una cadena de errores. En su día se solicitó que se juzgara al principal imputado, Miguel Ángel Flores, por un homicidio doloso y no homicidio imprudente. Es decir, consideraban algunos letrados que el empresario y promotor de la Thriller Music Park actuó con dolo («voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud»), ya que era consciente de que dejando entrar a tanta gente en el pabellón podría provocar la muerte de alguno de los asistentes. Concretamente podrían aplicarle la figura jurídica de «dolo eventual». Esto es «que concurre en el autor de un delito que no pretende cometerlo directamente, aunque ha considerado su posibilidad comoresultado de su acción. La diferencia entre los dos tipos penales es sustancial. Mientras el homicidio por imprudencia está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, el homicidio doloso está penado con entre diez y 15 años de privación de libertad. Sin embargo, a la hora de presentar sus conclusiones finales ante el juez que ha instruido el proceso desde que asumiera la guardia de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 –el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop–, las acusaciones particulares coincidieron en pedir homicidio por imprudencia por cada una de las víctimas. Es decir, cuatro años de prisión por cada una de las cinco fallecidas o, lo que es lo mismo, 20 años de prisión.

Y es que otro de los puntos en los que difieren los letrados de las acusaciones particulares es en la calificación de la Fiscalía de «concurso ideal», ya que, aseguran, es como si hablaramos de un accidente de tráfico en el que hubieran muerto los cinco ocupantes de un vehículo por la imprudencia de otro conductor. Y, en este caso, no se trata de algo así. Sin embargo, será muy complicado que el tribunal finalmente condene a los imputados por las penas que solicitan las acusaciones particulares y se espera que vaya en la línea de la Fiscalía. Pero para eso aún queda mucho tiempo, ya que el juicio que arranca hoy en la Audiencia Provincial de Madrid se prevé que alargue las sesiones orales hasta la última semana de mayo. Las vistas se celebrarán los martes, miércoles y jueves de cada semana y por la «sala cero», la sede judicial irán pasando un centenar de testigos, peritos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy arranca este macrojuicio –que cuenta con 200 periodistas acreditados– con las cuestiones previas.

Se prevé que la defensa de Flores y de Diviertt (la empresa del FSM Group bajo cuyo nombre se organizó la fiesta) solicite alguna nulidad de pruebas, concretamente el recuento de entradas, y volverá a solicitar uno nuevo. Por parte de Diviertt propondrán hoy nuevas pruebas y las siete acusaciones particulares y, en principio también las populares, se opondrán a ello. Los letrados que hoy comenzarán a exponer el largo trabajo que han venido realizando desde hace más de tres años creen que se decidirán sobre la marcha, según el guión previsto del juicio. Y es que se han señalado sesiones para la formulación de las cuestiones previas, la declaración de los 15 acusados y el visionado de algunos documentos principales hasta el 4 de febrero. Sin embargo, en el guión del juicio aportado por el TSJM especifican que no existe una previsión del tiempo que se dedicará a la formulación y tramitación de las cuestiones previas planteadas hoy en sede judicial.

En principio, los testigos no comenzarán a declarar hasta el 9 de febrero y, tras la declaración de los imputados, se realizarán pruebas testificales (declaración de familiares, policías o asistentes a la fiesta) y posteriormente, se conocerán las pruebas documentales (más vídeos y otros soportes documentales) y las pruebas periciales (informes médicos, forenses o documentación administrativa como los planes de prevención y seguridad del pabellón municipal donde se celebró el evento). Ya por último, las partes personadas (fiscal y letrados) expondrán al Tribunal sus conclusiones definitivas. Aunque los letrados han analizado nada menos que alrededor de 14.800 folios de sumario, dividido en 43 tomos, una declaración o pericial novedosa podría llevar a modificar sus conclusiones definitivas. La sentencia podrá ser recurrida ante la Sala Segunda del Supremo.