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Del Cura aprobó las obras de su ático siendo alcalde en funciones

Pedro del Cura presidió ayer la reunión de Izquierda Unida Rivas en la que se votó en contra del alcalde
Pedro del Cura presidió ayer la reunión de Izquierda Unida Rivas en la que se votó en contra del alcaldelarazon

El Ayuntamiento de Rivas aprobó las obras del ático ilegal de Pedro del Cura a los cinco días de que él fuera nombrado alcalde en funciones durante el verano de 2011.

El 27 de julio de dicho año, en un decreto firmado por el alcalde de la localidad, José Masa, éste delegaba sus funciones en el, por aquel entonces, teniente alcalde, Pedro del Cura, «en el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 16 de agosto de 2011».

El 4 de agosto, el informe técnico municipal daba el visto bueno a la obra.

Del Cura unió dos áticos, tipo dúplex , en la calle José Luis Sampedro de dicho municipio, ambos con carácter de protección oficial, pidiendo licencia para realizar unas obras en un baño. Los trabajos incluirían alicatados, sanitarios nuevos, cambio de azulejos y, en sí misma, una reforma completa del aseo. Sin embargo, la obra que terminó realizando sería mucho mayor que la citada y acabaría uniendo las dos plantas superiores de los dúplex y dejando una de las partes inferiores como apartamento para alquilar.

Fue su entonces novia, Sara Jorquera Cabrera, la que pediría permiso por él para poder hacer la obra en el tercero B, propiedad del concejal.

Y lo hizo tan sólo siete días antes de que su novio pasara a ser alcalde. El 22 de julio de 2011, Jorquera firma la solicitud de una obra cuyo presupuesto asciende a 3.280 euros y comunica que realizará «en general, todas las obras interiores que cumplan las condiciones», según figura en el documento.

La petición se hace «con carácter previo a su ejecución» y teniendo «previsto realizar la actuación urbanística que se especifica a partir de 15 días del presente comunicado». Es decir, justo en el periodo en el que Del Cura iba a sustituir a Masa al frente del Ayuntamiento.

Una semana más tarde, como estaba previsto, José Masa se fue de vacaciones y Del Cura se estrenó como primer edil un viernes. El jueves de la semana siguiente, el informe de los servicios técnicos de la sección de Política Territorial del Ayuntamiento aseguraba que «vista la documentación aportada para el expediente, se informa favorablemente» para proceder a las obras.

De esta forma, y con una licencia de obra menor, Del Cura procedió a construirse su gran ático ilegal, uniendo dos viviendas protegidas, con más de 200 metros cuadrados construidos.

Una lista de infracciones

Además de haber cometido una serie de irregularidades a la hora de adquirir los pisos y modificarlos, Del Cura buscó el momento perfecto para aprobar esos trabajos.

Lo cierto es que, tal y como él ya ha reconocido, su padre, su madre, sus dos hermanas, su ex novia y él tienen pisos de protección en la misma zona. La normativa prohíbe que una misma unidad familiar tenga más de un piso de protección, por lo que el ático de Del Cura, propiedad de la madre, estaría fuera de la Ley.

Él defiende que su piso es legal porque la casa que tiene su padre fue una donación de la abuela y por lo tanto no ha de contar en la sociedad de gananciales en la que sus progenitores estaban casados. Sin embargo, la norma no especifica excepciones en el cumplimiento de la misma.

Además, Del Cura también reconoce la existencia de las obras y el alquiler de una de las partes inferiores.

Según la normativa vigente, cada una de estas infracciones, consideradas muy graves, podría estar penada con hasta 60.000 euros. Por lo que el hasta hace unos días concejal de Educación, Infancia, Juventud y Participación Ciudadana podría enfrentarse a una sanción superior a los 180.000 euros.

Además, al terminar las obras no inscribió su nueva casa, tal cual la dejó en el registro y su ejecución podría ser considerada como modificación sustancial del proyecto, por lo que podría ser castigado con 10.000 euros de multa si se considerara fraude de ley.

A todo ello habría que añadir los impuestos que, al no comunicar los hechos, se habrían dejado de pagar.