Díaz Ayuso afirma que Sánchez "primero asfixia y luego chantajea"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó ayer que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «primero asfixia y luego chantajea». Así lo espetó en su cuenta de Twitter, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mandase a la Comunidad de Madrid, y a otras autonomías, un requerimiento para que presenten planes de ajuste ante el riesgo para garantizar el cumplimiento del déficit establecido por el Gobierno.

Así, Ayuso tacha de «cinismo puro» que se le pida un plan de ajuste «con una deuda de 1.200 millones de euros. Somos la tercera región con menos deuda y la cuarta con menor déficit en el primer semestre», destacó en su perfil la presidenta madrileña. A su parecer, a Sánchez deberían preocuparle más algunas regiones socialistas.

Asimismo, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, lamentó ayer las «cartas amenazantes» que ha recibido la Comunidad de Madrid de la ministra y defendió que la región cumple con el objetivo de déficit marcado. Montero reclamó por carta a las comunidades autónomas que presenten planes de ajuste ante el riesgo de que no se cumplan los objetivos de gasto, amenazando con sanciones e incluso con la intervención de las cuentas autonómicas. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, Carballedo reconoció haber recibido esta misiva y apremió al Gobierno central para que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Consideró como «esperpéntico» que la ministra pida que se pongan en marcha los plantes de ajustes y afirmó que los socialistas son quienes están «ahogando y poniendo en riesgo la estabilidad y los servicios públicos». No obstante, la Comunidad de Madrid ha trasladado en una carta a Montero sus previsiones, que son «totalmente compatibles con el cumplimiento tanto del objetivo de déficit como de la regla de gasto».

Desde el Gobierno regional recuerdan que los ingresos pendientes por parte del Estado ascienden a 733 millones de euros. Además, reclaman la cantidad correspondiente a la liquidación del IVA de 2017, que son 377 millones de euros, algo que «facilitaría el cumplimiento de los objetivos de estabilidad».