El estafador de policías

La Udyco de Madrid detiene a un broker de 63 años por apropiarse de casi un millón de euros de las pólizas de, al menos, 1.132 agentes del CNP

Luis Javier Soria Checa tiene 63 años y lleva la mitad de su vida dedicado al mundo de la correduría de seguros. Podría decirse que no le iba mal: coches de colección, Harley Davidson y varios inmuebles a su nombre y al de su mujer. Ahora parece razonable poner en duda la honradez de ese patrimonio: un juzgado de Plaza Castilla le acusa de un delito de estafa continuada y falsificación documental. Según el atestado policial, al que ha tenido acceso este diario, la actividad delictiva consistía básicamente en no abonar las pólizas contratadas con la compañía de seguros a pesar de que los asegurados abonaban sus primas mensualmente. Para la compañía, las pólizas se encontraban canceladas por impago, por lo que, a la hora de cobrar, las víctimas se encontraban con las manos vacías.

Soria consiguió miles de clientes ofreciendo productos insuperables. Contrataba con distintas aseguradoras pero, en un momento dado, dejaba de ingresar el dinero a las compañías y lo hacía directamente a una de sus cuentas. Si alguien reclamaba, se ponía muy pesado, o acababa denunciando y veía el riesgo de que se descubriera su entramado, no dudaba: pagaba «de su bolsillo» y asunto olvidado. Las desorbitadas ganancias le permitían concederse esas licencias para seguir actuando con impunidad, ya que la gran mayoría de sus clientes no sabían que, en realidad, sus cuotas mensuales se las quedaba el broker.

Interior como cliente VIP

Lo llamativo del caso es que las víctimas no son pequeños particulares sino que ha estafado a miles de funcionarios de la Policía Nacional y de la Dirección General de Tráfico, donde también hay varios afectados. Curiosamente, los dos son dependientes del Ministerio del Interior. Al parecer era su hijo Eusebio Soria Díaz-Picazo quien se encargaba de las pólizas tramitadas con este ministerio.

La historia se remonta a los años 80. De alguna forma, Soria mete la cabeza en el mundo policial y encuentra un filón. En aquellos años en los que ETA asesinaba sin piedad a policías, casi todos contrataban seguro de vida. El broker consiguió hacerse prácticamente con la exclusividad. Los investigadores destacan que utilizaba en sus folletos publicitarios el nombre de la Policía Nacional «sin que se pueda acreditar que dicho organismo haya autorizado específicamente su utilización» ya que, los logotipos y cualquier mención al nombre del CNP están protegidos por la legislación. La publicidad de Soria entonces estaba en todas las comisarías de España y captaba a sus clientes incluso desde la misma academia de Ávila, donde un agente de la segunda promoción, del 86, aún recuerda cómo acudió a venderles su producto. «Si éramos 600, puede que firmáramos 400».

José (nombre ficticio) es una de las víctimas de Madrid. Contrató el seguro cuando estaba destinado en Basauri en el 92. «En la publicidad ponía “El Seguro de la Policía Nacional” y me fié. Ahora, con 56 años, ¿dónde me van a hacer un seguro de vida?», se pregunta. Pero ningún delincuente goza de impunidad eternamente. El 17 de febrero los agentes del Grupo VII de la Udyco de Madrid, de la Brigada Provincial de Policía Judicial se desplazaron hasta la sede de esta correduría, en Sor Ángela de la Cruz, con una orden de detención. Dos días después, el titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Plaza Castilla, Esteban Vega, decretó su prisión provisional eludible con una fianza de 500.000 euros, según el auto de prisión, al que ha tenido acceso este diario. Posteriormente, la fianza se rebajaría a algo menos de la mitad. Hace unos diez días, el presunto delincuente aportó las escrituras de una finca de Mallorca como fianza. Ayer, fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron que seguía en la cárcel de Soto del Real. Aunque el broker tiene procedimientos abiertos en otras provincias, la investigación que destapó la estafa masiva la inició la Udyco de Madrid porque hasta allí llegaron los familiares de una agente fallecida al comprobar que era poseedora de un seguro que no habían cobrado. Siendo fiel a su «modus operandi», como la familia insistió mucho, cobró los 26.000 euros que le correspondían. ¿El error? La transferencia estaba realizada desde la cuenta del broker, no de la aseguradora. Ahí saltaron las alarmas. Los investigadores comenzaron a tirar del hilo y se encontraron ante una macroestafa donde el 90 por ciento de las víctimas no sabía, siquiera, que lo eran. Desde septiembre de 2013 Soria no ingresaba nada a Allianz (la última compañía con la que firmó ) pero a los policías afectados les seguían detrayendo cada mes la prima de la nómina desde la División Económica de la Dirección General, que recibía mensualmente un listado de los clientes que el broker tenía dentro del CNP. Por tanto, llevaría dos años y cinco meses (desde septiembre de 2013 hasta febrero de 2016, que fue detenido) desviando el dinero de los agentes. A fecha de su detención, había 1.132 policías dados de alta y cada uno pagaba unos 28 euros al mes. Esto supone 32.411,70 euros mensuales. Allianz llevaba 29 meses sin recibir el pago, lo que suponen 939.939,3 euros distraídos.

El problema de esta estafa es que, para la compañía aseguradora, la DGP figuraba como «tomador» del seguro y así se lo hizo saber Allianz al organismo oficial con un burofax el pasado mes de julio. Informaban de que una persona pretendía cobrar un seguro que estaba dado de baja y que el tomador, a instancias de la compañía, era la Dirección General de la Policía. Un portavoz de la DGP aseguró ayer a este diario que la sorpresa de la DGP fue mayúscula. Ellos no eran los tomadores de ningún seguro y así se lo hicieron saber a Allianz. Por tanto, la única posibilidad que parece factible es que el broker falsificara los seguros y pusiera como tomador a la DGP como garantía ante las aseguradoras. Lo que es seguro es que Soria tiene firmado con la aseguradora que el tomador de esas pólizas era la DGP, por lo que podría tener que acabar respondiendo como responsable civil subsidiario. No obstante, aunque el broker habría utilizado el nombre de la DGP de forma fraudulenta, el organismo oficial aún no le ha denunciado. Fuentes policiales aseguran que el subdirector general de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez, declinó prestar declaración ante los investigadores pero sí lo hará ante el juzgado si el instructor lo estima conveniente. El pasado 22 de abril, Rodríguez remitió un oficio a los afectados y anunciaba que dejaba de transferir las cuotas de febrero, marzo y abril a esta correduría. La mayoría de los afectados se enteraron así. Llevaban 30 años pagando un seguro ficticio.