El juez a la mujer de Granados: «Se llevaron el 80% del mercado inmobiliario»

Reprochó a la mujer del ex consejero las adjudicaciones a Marjaliza y Cid. La fiscal, al ex alcalde Moreno: «Convirtió Urbanismo en unidad de negocios»

Tras escuchar un rosario de negativas sobre presumibles cohechos y pagos de comisiones por parte de su marido, Francisco Granados, a cambio de favores políticos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del «caso Púnica», cortó en seco a Nieves Alarcón, la esposa del ex consejero del PP en Madrid y supuesto «cerebro» de la trama. «Fíjese –le espetó el magistrado– después de toda la cantidad de personas que estoy oyendo, mi sensación es que en la época de su marido dos personas, dos, en un pueblo tan grande como Valdemoro se han llevado el 80 por ciento del mercado inmobiliario, que son David Marjaliza y (Ramiro) Cid Sicluna».

Velasco le reprochaba el «favor» que hizo Cid de cederles un local para guardar unos muebles sin cobrarles nada a cambio. «¿Es un favor o un pago en especie por favores políticos ilegales?», le preguntó. «Por supuesto que no», contestó Alarcón, antes de que el juez apuntase que cuando se trataba de ampliar los planes urbanísticos, «el lápiz de su marido siempre se iba hacia los desarrollos urbanísticos de David Marjaliza y Cid Sicluna». «Mi marido no ha aprobado ningún plan general», insistió ella.

Durante su declaración –incorporada al sumario del «caso Púnica»– la esposa de Granados reconoció que dos meses antes de la detención de su marido en octubre del pasado año le encargaron al empresario Alejandro de Pedro, supuesto «conseguidor» de la red, que mejorara su reputación on-line. Ella, explicó a Velasco, estaba «harta» de que su nombre en la red se asociase al de su marido. «Me dedico a dar conferencias y ponencias, publico artículos y al final sale “la mujer de tal”», se quejaba. Granados, explicó, se puso en contacto con De Pedro. «Esto es muy fácil, que me mande todos los artículos y vamos a ver qué hacemos», se comprometió el empresario. «No hubo contrato porque no se hizo nada», explicó Alarcón.

Quienes pasaron también un mal trago fueron los ex alcaldes de Valdemoro José Miguel Moreno y José Boza en su primera comparecencia judicial como imputados. Ambos se negaron a declarar, pero ello no les libró de escuchar las muy serias acusaciones por parte de la fiscal Anticorrupción; acusaciones que llegaban al punto de imputarle haber puesto el Consistorio al servicio de David Marjaliza y de sus múltiples empresas.

Con Moreno fue especialmente duro la representante del Ministerio Público, quien le espetó que su etapa como alcalde de la citada localidad fue de un «auténtico clientelismo endogámico», hasta el punto de que, incluso en contratos menores, para favorecer al presunto «cerebro» de esta trama, «ha presionado, manipulado y entregado borradores de concurso», para que, de esa forma, pudiese conocer con antelación las condiciones en las que iban a salir las adjudicaciones de esos contratos.

«Servilismo» hacia Marjaliza

La conclusión de la fiscal que tuvo que oír Moreno fue tajante: «Usted convirtió las dependencias de Urbanismo y de contratación del Ayuntamiento de Valdemoro en una unidad de negocios al servicio de la trama del Sr. Marjaliza y del Sr. Cid (Ramiro)».

En cuanto a Boza, para quien pidió su ingreso en prisión, la representante del Ministerio Público no fue menos suave. «Se ha puesto de manifiesto el servilismo que existe del detenido hacia Granados y hacia David Marjaliza, y cada vez que necesitan que se adjudique un contrato acuden a él, y él retira todos los obstáculos para que puedan conseguir esos concursos de servicios».

Floriano admite que De Pedro se ofreció al PP

El ex secretario de Organización del PP, Carlos Floriano, admitió ayer que el «conseguidor» de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, ofreció sus servicios a la dirección nacional del PP para mejorar la «reputación» de los líderes del partido, aunque después de un periodo de prueba no se le contrató. En un comunicado, el ahora portavoz adjunto del PP en el Congreso sale así al paso de diversas informaciones que apuntan a una conexión entre Alejandro de Pedro y destacados dirigentes del PP, en concreto con el propio Floriano, según las grabaciones de los interrogatorios contenidas en el sumario del caso. A raíz de este ofrecimiento se le pidió «una prueba» por la que se le pagó la cantidad de 5.000 euros más IVA, pero a la vista de los resultados «no se le contrató», apuntó.