El rector de Alcalá da subvenciones ilegales

Las universidades públicas de la región han arrancado en las últimas semanas el curso en medio de una «situación límite». Así lo denunció el rector de la Politécnica, Carlos Conde, en el acto de apertura de este 2013/2014. Y así lo denunciarán hoy los seis rectores en un acto conjunto que celebrarán en el Círculo de Bellas Artes. «Queremos manifestar la firmeza que nos hace tener la certeza de que los madrileños no pueden soportar ningún envite más en el ámbito económico, ya sea en lo referente a la reducción de recursos como en lo que se refiere a una variación al alza de las tasas universitarias», afirmó Conde respecto a la cita de hoy. Los seis máximos responsables de las universidades públicas han responsablizado de esta situación «límite» a los recortes sufridos en las partidas destinadas desde la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional, sin embargo, se objeta que todos los madrileños siguen pagando el 80% de cada una de las plazas universitarias públicas de la región.

En medio de este clima de ajuste en las cuentas, las universidades públicas se vieron obligadas en la confección de sus presupuestos para este año a aparcar medidas de acción social para sus trabajadores. Así lo dejaba claro la ley de Presupuestos de la Comunidad aprobada el pasado 26 de diciembre. En su artículo 21.7 recogía la ley que «durante el año 2013 queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público». Este artículo obligó a los equipos de Gobierno de las universidades a dejar en suspenso esas partidas de prestaciones sociales. Todas cumplieron con la Ley excepto la Universidad de Alcalá de Henares. Se da la circunstancia de que su rector, Fernando Galván, es el actual presidente de la Conferencia de rectores madrileños. De hecho, tal y como recoge el BOCM, el Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en su sesión de 21 de diciembre de 2012, aprobó sus cuentas para este año, en las que incluye un apartado de Ayuda Social y Formación, por un importe de gastos de 797.042 euros. De ese total, 365.505 euros son destinados a los beneficios sociales para los trabajadores que deja en suspenso la ley de Presupuestos para 2013.

En este apartado también están incluidos otros 431.000 euros destinados a sufragar distintos tipos de indemnizaciones y préstamos a corto plazo y en condiciones ventajosas para el personal. Según el reglamento de acción social de la Universidad e Alcalá –que este 2013 ha recibido del Presupuesto de la Comunidad cerca de 80 millones de euros– este dinero sufraga «coberturas de las contingencias de la vida» para sus empleados y familiares de primer grado. La propia universidad reconoce en la letra del reglamento que su principal objetivo es «poner a disposición de los empleados de la Universidad de Alcalá de Henares y sus beneficiarios, medios adicionales para satisfacer las demandas comunmente aceptadas como necesidades». En concreto, los potenciales beneficiarios de este catálogo de medidas son los 2.500 empleados de la universidad, así como sus familiares.

Lentillas y empastes

Se trata de ayudas que estarán en vigor todo este año 2013 e incluyen, por ejemplo, becas para la realización de los estudios universitarios –de hasta el 100% de la matrícula– tanto en centros españoles como del extranjero. También conciernen estas ayudas a los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, médicos y farmacológicos, e intervenciones quirúrgicas urgentes no cubiertos por la sanidad pública Las ayudas para estos tratamientos en la sanidad privada pueden cubrir hasta un máximo de 3.000 euros. Respecto a la asistencia dental, el programa de acción social cubre prestaciones hasta un máximo de 435 euros e incluye empastes, limpiezas bucales, dentaduras, ortodoncias, endodoncias e implantes.

También contempla este reglamento ayudas para gafas normales, bifocales y gafas telelupa o progresivas, sustitución de monturas, sustitución de cristales y lentillas, también con una subvención de hasta 435 euros. Las ayudas para calzado ortopédico ascienden a 60 euros, para las plantillas ortopédicas a los 25 euros y el resto de prótesis son sufragadas al 50%, con un límite de 485 euros. El plan social cubre asimismo los gastos de sepelio como consecuencia del fallecimiento de beneficiarios, no titulares, y consiste en un pago de 1.000 euros. Además, las becas para libros cubren un 75% de los gastos con límite de 240 euros, la guardería con un tope de 484 euros por hijo, así como los gastos durante las vacaciones escolares de hasta 82 euros por hijo.

El reglamento aclara que el importe de cada uno de los beneficios sociales que incluye «se actualizará cada año en un porcentaje igual al que se aplique para el incremento de las retribuciones de los empleados». Subraya además que, de cara al futuro, se evitará «la congelación» de los mismos. El reglamento destaca que estas prestaciones tienen como fin «el decidido impulso de una lógica redistributiva, subyacente en toda norma que pretenda la cobertura de las contingencias de la vida».