El "top manta"huye del centro

La Puerta del Sol se ha despejado de vendedores ilegales tras la instrucción del Ayuntamiento que exige a la Policía Municipal actuar «de forma inmediata». En lo que va de 2019, el número de detenidos por estos delitos ha aumentado.

Vendedores ambulantes, en la mañana de ayer viernes, situaban sus puestos en los alrededores de la estación de Atocha. Foto: Alberto R. Roldán
Vendedores ambulantes, en la mañana de ayer viernes, situaban sus puestos en los alrededores de la estación de Atocha. Foto: Alberto R. Roldán

La Puerta del Sol se ha despejado de vendedores ilegales tras la instrucción del Ayuntamiento que exige a la Policía Municipal actuar «de forma inmediata». En lo que va de 2019, el número de detenidos por estos delitos ha aumentado.

Se actuará contra la venta ambulante «de forma inmediata». Son solo tres palabras, pero la nueva instrucción transmitida por el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida ha transformado radicalmente las actuaciones que, hasta la fecha, llevaba a cabo la Policía Municipal en lo que respecta al fenómeno del «top manta». El mensaje de «tolerancia cero» de la actual corporación frente a la venta ilegal ha eliminado las órdenes dictadas por el Gobierno de Manuela Carmena, que solo permitía actuar a los agentes «para garantizar la seguridad» tanto de los ciudadanos como de los agentes.

La nueva instrucción del Consistorio, que se marca dentro de un Plan de Acción Preferente, entró en vigor hace dos semanas, pero los resultados están siendo ya visibles en la capital. La Puerta del Sol y alrededores, gran epicentro del «top manta», se ha mostrado estos días mucho más despejada de lo habitual. En su lugar, están optando por emplazamientos menos comprometidos, a priori, como los alrededores de la estación de Atocha. «Están teniendo más cuidado. Antes, si nos veían, ni siquiera se levantaban. Son conscientes de que ahora tenemos capacidad para actuar. En definitiva, volvemos a hacer el trabajo que hacíamos antes: perseguirlos y denunciarlos», afirman fuentes de la Policía Municipal.

En lo que va de 2019, el número de intervenciones del Cuerpo por delitos contra la propiedad intelectual e industrial ha descendido respecto al año pasado. Según los datos de la Policía Municipal, hasta julio, último mes disponible, se han contabilizado un total de 3.676 actuaciones, un 11% menos que en el mismo periodo de 2018 –4.169 intervenciones–. Sin embargo, en lo que respecta al número de detenidos, la cifra se ha elevado: de 162 a 195, lo que supone un aumento del 20%.

Por distritos, Centro sigue liderando, y con holgada diferencia, las ventas de material ilegal. Prácticamente acapara una de cada dos intervenciones de la Policía: el 48,69%. A mucha distancia se sitúa Chamartín, con un 10% de las actuaciones policiales. Carabanchel (4,2%), Retiro (4,16%), Usera (3,97%) y Arganzuela (3,73%) serían las siguientes en el ranking.

Con todo, el principal problema para los agentes sigue siendo atajar el origen de esta red. Por ejemplo, los pisos donde se encuentran las «tostadoras» de CDs y DVDs.

Y no tanto por la ubicación física de los mismos como por problemas administrativos ajenos a las competencias municipales. La Policía Municipal se ha topado, por ejemplo, con un piso en el barrio de Lavapiés en el que se elaboraba el material. Sin embargo, tras pedir la orden para intervenir, los presuntos delincuentes se habían cambiado de piso dentro de ese mismo bloque, lo que obligaba a los agentes a solicitar una nueva orden. «Pueden llegar a tener varias apartamentos de la vivienda alquilados», aseguran. Así, se entra de lleno en un laberinto burocrático... y también judicial: los jueces suelen ser «reacios» a conceder estas órdenes a la Policía, debido a que no es un delito que suponga, aparentemente, un «daño» personal para nadie. Sin embargo, la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) ha señalado que este fenómeno ha supuesto la pérdida de 1.400 empleos, así como de unos 25 millones de euros en ingresos. «Los jueces solo dan órdenes para actuar si ven que se ha intervenido mucho material», afirman los agentes. En caso de que se concedan, el resultado es la imputación de un delito contra la propiedad intelectual. En el caso de que la mercancía sea reducida, todo se queda en una «intervención administrativa».

En ese «refuerzo» en la lucha contra la venta ambulante, la colaboración de las propias marcas afectadas se antoja fundamental. Las empresas que ven su material «duplicado» en el «top manta» envían a sus peritos para realizar auditorías de los decomisos. Del mismo modo, si el material incautado corresponde a discos o DVDs, el Cuerpo contacta con la SGAE que, a su vez, se comunica con las casas discográficas correspondientes, que son las que deben finalmente denunciar para que se produzca la imputación de un delito contra la propiedad intelectual. De este modo, la causa abierta adquiere «más peso».

No obstante, el Sindicato de Manteros considera que detrás de estas actuaciones se esconde el «racismo» de los actuales dirigentes municipales. «Es un sistema discriminatorio y racista», afirma a este diario Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros. En su opinión, la instrucción dada por el Ayuntamiento está en la misma línea del aumento de presencia policial en Lavapiés. «No hay ningún barrio con ese nivel de vigilancia. Señalan un peligro donde no lo hay: cámaras de seguridad, policías que bajan la calle con perros... El problema no son los vendedores, suceden cosas más peligrosas en barrios y que no están vigiladas. Si Lavapiés fuera tan peligroso, se hubiera hecho alguna intervención, pero la Policía está aquí para pasear», concluye.