El TSJM inicia los trámites para estudiar la imputación de la diputada

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) inició ayer los trámites para decidir si admite o no la querella que el Partido Popular presentó el pasado viernes contra la candidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid y exconcejal de Cultura de Rivas Vaciamadrid, Tania Sánchez, por malversación de fondos, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos municipales adjudicados a la cooperativa que administraba su hermano, Héctor Sánchez, y en los que recibió la empresa de servicios deportivos de la que era apoderado un funcionario del consistorio ripense. Tras la presentación de la querella, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha incoado diligencias previas, paso previo a iniciar cualquier procedimiento que llega al Alto Tribunal madrileño. En los próximos días, se dará traslado a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid para que emita un informe sobre si hay o no motivos perseguibles penalmente, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Tras el informe, se señalará la fecha para la deliberación y fallo en la que los magistrados se pronunciaran sobre si admiten o no la querella. Si se admite, se nombrará a un instructor del procedimiento y se iniciará la investigación de los hechos. La querella también se dirige contra su padre y actual concejal de Deportes de dicho municipio, Raúl Sánchez, y el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros. Se les acusa a todos de participar en el diseño de un «entramado criminal continuado en el tiempo» para «beneficiar a amigos y familiares». Según la querella, ésta relata que dicha «trama» se encargó de que tuviese lugar una «adjudicación sistemática de contratos públicos» a favor de Aúpa, la cooperativa en la que «participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados», siendo administrador único de la misma Héctor Sánchez, hermano de la actual diputada regional, que recibió más de 1,2 millones de euros del consistorio para gestionar diversos talleres. Entre los querellados, aparte de los ya citados, se encuentran el propio Héctor Sánchez, y las dos funcionarias municipales que en su día pertenecieron a Aúpa, Yolanda Pérez y María Abril Barceló. De hecho, señala que tres de los querellados figuran como alumnos de los cursos adjudicados a la cooperativa, en alusión a Tania Sánchez, Héctor Sánchez y María Abril Barceló.

Aplazada la comisión de investigación

- El Ayuntamiento de Rivas anunció ayer el aplazamiento de la cita de la comisión de investigación sobre los contratos irregulares en la localidad debido a la enfermedad del secretario de la misma. Está previsto que el próximo miércoles se presenten las conclusiones.