Educación
Garrido se envuelve en la bandera de la libertad educativa
Beneficiará a un total de 3.000 alumnos, especialmente los de familias con rentas más bajas
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado un Cheque-Bachillerato para sufragar a las familias madrileñas el coste de los estudios para los alumnos de centros concertados en donde esta etapa educativa no es gratuita.
«¿Y Vd qué sabe donde estudian mis hijos? Los tres míos lo hacen en la pública. Cada uno lleva a sus hijos a donde les da la gana. Yo, a la pública. ¡Habría que ver donde estudian los suyos!», dijo ayer un indignado Ángel Garrido. El presidente de la Comunidad no se pudo contener después de que la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, le echara en cara que la apuesta política de los populares «es la educación privada-concertada, en la que estudian sus hijos y por eso le destinan muchos más recursos».
El presidente regional demostró ayer su apoyo a la libertad de enseñanza, uno de los asuntos medulares del PP, al anunciar durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región un nuevo cheque-Bachillerato para alumnos de centros concertados que se implantará en el curso 2019/20 y que beneficiará a 3.000 estudiantes de centros subvencionados con fondos públicos en los que esta etapa no es gratuita.
Se trata de ayudas directas a las familias que se incluirán ya en los presupuestos para el próximo año. Actualmente, 20.000 alumnos estudian Bachillerato en centros concertados con lo que la medida llegaría al 15% del alumnado. La idea, no obstante, es extenderla a la totalidad de alumnos pero, en primer lugar, «se dará prioridad a las familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta». La iniciativa de Garrido supone un espaldarazo para la enseñanza concertada en un momento en el que los populares han lanzado una campaña a nivel regional y nacional en defensa de la libertad de elección de los padres del tipo de educación que quieren para sus hijos. También se produce cuando el Gobierno de Sánchez pretende cambiar la Lomce para eliminar el principio de demanda social al considerar que en los desarrollos urbanísticos de algunas comunidades autónomas se ha cedido suelo público para construir centros a los que se concedía el concierto de antemano.
Durante el pleno se vislumbró un «preacuerdo» presupuestario para el próximo ejercicio con Ciudadanos, el capítulo que tendrá que abordar ahora el Ejecutivo. «No me parece mal que hagamos un esfuerzo en materia de educación infantil, seremos capaces de llegar a un acuerdo...si cuesta 35 millones», dijo después de que Cs planteara como exigencia la gratuidad de las guarderías públicas hasta los tres años.
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