“Infancia libre”: Los expertos que validaban la trama

Abogados, políticos y médicos de la sanidad pública han dado cobertura a una asociación que debía proteger los derechos de los niños y que ahora está bajo la lupa policial al existir indicios de criminalidad.

Hay quienes creen en las casualidades pero no es el caso de la Policía. Al menos, las similitudes que han encontrado entre los dos casos de las integrantes de la asociación Infancia Libre que han cometido un delito de sustracción de menores, no van a quedar sin investigar. La Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla de la Policía Nacional podría estar estudiando ya nuevas denuncias que, cuando se resuelvan, permitirían hablar de indicios de existencia de grupo criminal, según lo establecido en el artículo 570 del Código Penal. Infancia Libre, esa organización que debería proteger los derechos de los menores aseguraba contar con «más de 150 casos (de menores víctimas de abusos) controlados» pero de las cerca de 130 denuncias presentadas, el 90% de ellas han sido archivadas. Los investigadores creen muy probable, por tanto, que haya más padres en la situación de indefensión que sufrieron Rafa y Dani, las primeras víctimas de esta trama y que ya han podido recuperar a sus hijos después de dos años sin saber siquiera si estaban vivos o muertos. El calvario vivido por ellos y hasta la cuantía económica desembolsada a lo largo del insufrible proceso judicial (han puesto cerca de 200 denuncias) es idéntico: en torno a los 30 y 40.000 euros. Todo, por haber dado con sendas parejas que ahora deberán responder ante la Justicia y cuyas medidas cautelares también son clavadas: retirada de pasaporte, orden de alejamiento de sus hijos y obligación de firmar dos veces al mes en sede judicial.

Tanto María Sevilla (presidenta de la asociación y ex mujer de Rafa) y Patricia González, ex mujer de Daniel, repitieron el mismo patrón de comportamiento que fueron «validando» gracias a la colaboración de profesionales de distintos ámbitos. La primera, fundadora y presidenta del organismo, abrió camino; la segunda, siguió sus pasos. Tras un proceso de separación, ambas acabaron denunciando a sus ex parejas de cometer abusos sexuales contra sus hijos. Consideraron que la desescolarización de los menores era la mejor opción y también las dos (por separado y en distintos tiempos) huyeron con sus pequeños y los mantuvieron escondidos en municipios de poca población y en viviendas apartadas de núcleos urbanos con el apoyo y la cobertura de sus nuevas parejas sentimentales. Todos tomaban medidas de seguridad para no ser descubiertos. Pero antes de cometer este delito de sustracción de menores (tipificado en el 225 bis del C.P. y castigado con penas de 2 a 4 años de prisión), compartieron los mismos profesionales que, de forma clínica y legal, fueron avalando sendas cruzadas contra sus presas: sus ex maridos, aunque, degraciadamente, quienes más han sufrido son sus propios hijos.

Estos asesores colaboraban con Infancia Libre y ahora podrían ser investigados por mala praxis o por su participación en una trama delictiva. No sirvió de nada que la Justicia determinara que los abusos sexuales eran falsos porque ellas siguieron batallando. «Van buscando “validadores” de su estrategia y cambian de un profesional a otro hasta que encuentran el que es de su cuerda. Entonces, todas acuden al mismo», explican fuentes del caso. La primera «ayuda» que consiguieron fue la de una pediatra que ejerce en el centro de salud Las Flores de Granada, que emitió sendos informes donde explicaba por qué los niños no podían asistir al colegio. Se llama Narcisa Palomino Urda y es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Ha realizado varias ponencias y algunos colegas consideran que está «muy politizada» y «tan implicada en la lucha feminista que pierde la perspectiva clínica». «Es alucinante cómo el feminismo radical pervierte a los profesionales de la ciencia», asegura un experto.

En una entrevista en TVE, Palomino lamentaba que los informes emitidos por los médicos de Atención Primaria no eran «muy tenidos en cuenta en el ámbito judicial» y se hacía «más caso» a los elaborados por quienes «ejercen el peritaje» o los del Instituto de Medicina Legal. En sus informes –que se utilizarían judicialmente contra Rafa y Dani– hacía referencia a la psicóloga clínica Amparo Martín Romera, de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil (USMIJ) de Granada. No es baladí que estas mujeres ejerzan en esta ciudad. Precisamente allí fue también donde recibieron los primeros apoyos políticos. Fue de la mano de Podemos, concretamente del secretario general de la formación en Granada, Alberto Matarán. Él firmó un convenio con Infancia Libre para la realización de un estudio en Andalucía sobre la población infantil que podría haber sufrido «abuso sexual infantil intrafamiliar», según adelantó El Mundo. El estudio duraría tres años, por lo que la financiación del mismo (y, por tanto, el dinero que entraba a la organización) no sería escaso.

En Madrid también se reunieron con el Gobierno de Manuela Carmena. Concretamente Infancia Libre se reunió el 16 de marzo de 2016 con Rosario Sanz, directora general de Educación y Juventud; el 14 de marzo de 2017 con la responsable de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras y, en junio del mismo año, con María Naredo, directora general de Prevención y Atención a la Violencia de Género.

El Ayuntamiento de la capital no ha podido concretar en qué quedaron esos encuentros. También contaron con el apoyo de las diputadas autonómicas Beatriz Gimeno e Isabel Serra, entre otros.

«Se le va a caer el pelo»

Infancia Libre ya estaba respaldada públicamente y ellas se sintieron más fuertes. Pero si hay un profesional que ha tenido un papel fundamental en todo este asunto es un psiquiatra infantil. Se llama Antonio Escudero Nafs y es muy conocido en el gremio. «A éste ahora se le ha caído el pelo», explica un conocido psiquiatra forense que prefiere guardar la confidencialidad. Escudero Nafs, que tiene un hermano cirujano plástico en Navarra que dice no saber nada del tema, es «famoso» por su posicionamiento sin fisuras ante lo que conocen como «perspectiva de género». Es otro negacionista del Síndrome de Alienación parental (SAP) y considera que es un «invento» que sólo sirve para disuadir de denunciar a las mujeres. Trabajó en el Hospital Puerta de Hierro y en la actualidad pasa consulta en el centro de Salud Mental de Majadonda. Realizó informes con el membrete oficial de la Comunidad de Madrid en los que decía que los niños ahora liberados por la Policía habían sufrido abusos. Les recetó psicofármacos y Catapresan, un medicamento para la hipertensión. Tras demostrarse que las denuncias eran falsas, uno de los padres quiso reunirse con él pero éste no aceptó al «no ser ya (el menor) paciente suyo». La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid considera que al no contar con ningún «conocimiento oficial» de lo ocurrido ni ningún «requerimiento judicial», el doctor seguirá atendiendo a menores con normalidad en el centro público. Según el Colegio de Médicos, no le consta ninguna amonestación oficial pero la reputación de Escudero Nafs, que ha dado numerosas conferencias, está en entredicho. Sus colegas aseguran que «es conocido por todos los jueces de Familia de Madrid» por sus informes, que no suelen tener mucha validez. «Ya saben de qué pie cojea y raro es un informe suyo que coincida con el del forense del juzgado».

Domicilio fiscal en casa del abogado

Unos informes que llevaban al juzgado de buena gana el «equipo legal» de la trama, la «tercera pata» de todo este asunto. Son los abogados que asesoraron «a lo Juana Rivas» a las madres de Infancia Libre. Se trata de dos letrados que vienen de hacer suplencias en juzgados de instrucción y que se pasaron a ejercer la abogacía: Carmen Simón Sánchez y Carlos Vaquero López. Ambos son expertos en temas de familia y sus números de colegiados son curiosamente, correlativos (el de ella termina en 26 y el de él en 27). La implicación de él con la asociación es total ya que, como domicilio fiscal de Infancia Libre, figura su vivienda particular en Majadahonda, en la urbanización Airesol II.

► Antonio Escudero Nafs

Se licenció en Medicina en 1987 y, además del Puerta de Hierro de Majadahonda, ha prestado servicio en el hospital público Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Además de sus charlas y ponencias, impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre sus colegas de profesión y los jueces de Familia de Madrid son conocidos sus informes «de 3 y 4 páginas con el membrete del Puerta de Hierro», que le daba cierto «caché». «No es lo mismo que si viene de una clínica privada, aunque luego la valoración del forense sea independiente», reconoce un magistrado. Él realizó informes sobre los abusos sexuales de los padres de Infancia Libre (que se demostraron falsos) y desaconsejaba las visitas paternas por causar «graves daños psíquicos» sobre los menores.

► Narcisa Palomino Urda

Fue de las primeras profesionales que allanó el camino a las mujeres ahora investigadas. Hasta ella, que ejerce en Granada (junto con Majadahonda los dos epicentros de Infancia Libre) fueron a parar, curiosamente, dos madres de Madrid. Palomino es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y pediatra en el centro de salud Las Flores de Granada. Elaboró los primeros informes médicos explicando a los centros escolares de Madrid donde dejaron de ir los niños por qué no podían acudir al colegio. Hacía referencia a los informes de Amparo Martín Romera, psicóloga clínica de la USMIJ de Granada.

► Carlos Vaquero López

La implicación de este letrado con Infancia Libre es total. La web de la asociación es propiedad suya, según consta en el apartado legal de la misma. Hasta dio la dirección de su vivienda particular en Majadahonda, en la carretera del Plantío, como el domicilio fiscal de Infancia Libre. Él ha sido el encargado de llevar los casos de María y Patricia en esta fase penal; es decir, ahora que han sido investigadas por un delito tipificado en el código Penal (la sustracción de menores) y entre él y su colega Carmen Simón –que tienen el número de colegiado seguido– habrían asesorado a sus clientas para permanecer huidas de la Justicia (o las consecuencias de esta acción) y con sus hijos sin escolarizar. Una asesoría legal a todas luces deficiente dado las consecuencias que tendrán que afrontar ahora estas dos mujeres. El letrado, al igual que su compañera, tampoco ha querido responder a este diario.

► Carmen Simón Sánchez

Es la abogada de cabecera de María Sevilla y Patricia González en los asuntos civiles; es decir, en el proceso de separación y de denuncias por abusos. Simón era de los llamados jueces del cuarto turno y, aunque nunca llegó a aprobar la oposición, ejerció de sustituta, entre otros, en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Plaza Castilla y se hizo cargo del final de la instrucción de la huelga de controladores aéreos de 2010. A pesar de que los jueces sentenciaron que los abusos sexuales de los padres hacia sus hijos eran falsos, Simón seguía presentando informes del doctor Escudero Nafs. Es más, aunque un juez ordenó en uno de los casos que atendiera al menor a un psiquiatra del Hospital Niño Jesús, siguieron llevándole al especialista de Majadahonda. En la oficina que comparte con otras cuatro compañeras en la calle Platerías hace tiempo que no saben nada de ella. Ahora está «desaparecida».