Los extranjeros tendrán que declarar que no tienen recursos

Los inmigrantes irregulares obtendrán la misma rebaja de la que se benefician los madrileños con menor renta, que sólo pagan el 40%

La medida anunciada ayer por la presidenta regional, Cristina Cifuentes para que los inmigrantes sin papeles paguen únicamente el 40% del precio de los medicamentos que les receten tiene un objetivo doble. Por un lado sigue la estela de la recuperación de la cobertura sanitaria para este colectivo que anunció Cifuentes a finales de agosto y, por el otro, busca unificar los criterios de los centros de salud ya que «existía cierto margen de interpretación según el centro», explicó la presidenta regional.

Anteriormente, los inmigrantes sin papeles eran atendidos mediante el código TIR –Transeúntes sin permiso de residencia–, a los que se daba una especie de «receta blanca» cuyo coste tenían que abonar en su totalidad. En su lugar, la Consejería de Sanidad emitió ayer una serie de circulares para aclarar que se debe atender a todos los ciudadanos tengan o no tarjeta sanitaria con un nuevo código denominado DAR para las personas extranjeras en situación irregular y con insuficiencia económica.

Eso sí, para que a los inmigrantes irregulares les sea asignado este nuevo código informático, los pacientes deberán identificarse como «extranjeros en situación irregular con insuficiencia económica» y formalizar una «declaración responsable» mediante la cual constaten que no están aseguradas ni disponen de recursos económicos. En caso de no encontrarse en esta situación, se les seguirá asignando un código TIR. «Se les va a dar el mismo tratamiento y los inmigrantes van a poder acceder a los medicamentos pagando el 40 por ciento de su precio como el resto de ciudadanos», explicó Cifuentes, si bien el porcentaje varía entre el 40, el 50 y el 60 por ciento según el nivel de renta del titular de la tarjeta sanitaria.

Esta declaración responsable también forma parte del borrador del pacto que el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas recientemente y con el que busca unificar los criterios para la atención a los inmigrantes. En concreto, señalaban que las personas que se beneficiarían de estos programas, además de identificarse, han de aportar «una justificación de no disponer de recursos suficientes», una «declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía», y un «documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria». Sanidad también proponía el criterio mínimo de acreditar residencia en la región «con una antigüedad de seis meses inmediatamente anteriores».

Este último requisito ya lo aplican algunas regiones que ya prestan cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular, como es el caso de Aragón, Cataluña, Cantabria y Valencia, donde piden tres meses de empadronamiento; Canarias, donde han de ser residentes empadronados durante más de un año, y Galicia, cuyo criterio de residencia está fijado en 183 días en el padrón. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid no se exige de momento ningún tiempo mínimo como residente lo que, en el caso de los medicamentos, podría provocar un «efecto llamada» desde las provincias limítrofes en las que no se aplican descuentos a los inmigrantes sin papeles para la compra de medicamentos. Según explicaron fuentes del Ministerio de Sanidad, en cualquier caso, la factura farmacéutica será costeada por los servicios sociales de cada comunidad autónoma donde se extienda la receta.

Es por ello que la presidenta madrileña quiso puntualizar que la medida para que los inmigrantes irregulares abonen únicamente el 40 por ciento del coste de los medicamentos es «excepcional», hasta que Sanidad pacte un criterio de actuación para los extranjeros sin papeles con todas las comunidades autónomas.

Ex presidentes

Cifuentes realizó este anuncio durante un almuerzo en el club Siglo XXI en el que también abordó la cuestión de los ex presidentes regionales que, tras la desaparición del Consejo Consultivo –que está tramitando actualmente la Asamblea de Madrid mediante el procedimiento rápido de lectura única–, no tienen reconocimiento oficial, por lo que están estudiando las fórmulas que se aplican en otras regiones para valorar el trabajo de sus ex dirigentes. De este modo, la presidenta regional explicó que muchas comunidades autónomas tienen reconocido un etatus por lo que es partidaria de que exista «un reconocimiento a las personas que han sido presidentas porque tienen mucho que aportar» y que «puede o no llevar una compensación económica, eso habrá que determinarlo», consideró Cifuentes.

Oficina de atención a refugiados

La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, presentará hoy la Oficina de Atención a los Refugiados, desde la cual coordinarán todos los recursos para atender el drama que están sufriendo miles de personas. No obstante, Cifuentes señaló que la cuestión debe ser respondida desde una perspectiva común de España y de la Unión Europea.

Sin límite de altura en la ley del suelo

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González-Taboada, presentó ayer al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, algunas de las propuestas que plantea la Comunidad para la nueva Ley del Suelo que quiere impulsar. Entre ellas está la limitación de tres alturas para los edificios, que ahora se adaptará a la realidad urbanística y a las necesidades de cada municipios, y que se aplicaría a todos los desarrollos urbanísticos de la región, incluido Castellana Norte. Taboada insistió en que su objetivo en el desarrollo de la nueva ley es «que se prime la transparencia y la participación ciudadana» así como obtener el máximo consenso posible para su aprobación. En este sentido, acordó con el concejal madrileño la celebración de una reunión mensual de una comisión técnica entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital «para hablar de los temas más específicos».