Los municipios en quiebra podrán usar los recursos del nuevo Prisma

Sobresale entre todos los cambios con respecto al antiguo Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) el hecho de que, ahora, en casos excepcionales, algunos municipios tendrán la posibilidad de destinar parte de su asignación al gasto corriente –esto es, por ejemplo, al pago de la factura de luz del consistorio o del coste de un concierto programado en unas fiestas patronales–. Es decir que, gracias a esta nueva licencia, algunos ayuntamientos podrían destinar el 25% de lo que les sea concedido en liquidar deudas –siempre y cuando no sean con el Estado ni respondan a ningún tipo de irregularidad–. Y aún más, porque, según las características socioeconómicas de las localidades, algunas estarán autorizadas a utilizar hasta el 90% de su asignación a este gasto corriente. Este relevo a la última prórroga del Programa Prisma –que llega a su término estos meses–, está ya en marcha y recibe el nombre de Programa de Inversión Regional 2016-2019. Ayer, tras la aprobación del Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto fue remitido al órgano legislativo de la Comunidad, la Asamblea de Madrid, lo que quiere decir que, durante los próximos cuatro años, se racionarán 700 millones de euros entre 178 municipios madrileños; su destino: la realización de obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El programa –que además cuenta con la aprobación de la Federación de Municipios de Madrid– pretende fomentar la inversión en infraestructuras, en equipamientos y en zonas verdes, así como en la modernización administrativa, y su objetivo es uno y muy claro: conducir a la Comunidad hacia el reequilibrio territorial. Por ello, una vez más, Madrid capital queda excluida de un plan con estas características, pues la ciudad cuenta con recursos suficientes y recibe ayudas del Estado y de la Unión Europea de las que el resto de municipios no disfrutan.

En cuanto al modelo de cofinanciación, los ayuntamientos beneficiarios aportarán un porcentaje mínimo de su asignación económica: un 1% las localidades de entre 2.500 y 5.000 vecinos y un 10% aquéllas habitadas por una población de más de 5.000 personas. Así, los únicos municipios que quedarán exentos de contribuir con recursos propios serán los que cuentan con menos de 2.500 censados. Por último, destaca otra novedad fundamental –sin olvidar la citada dispensa de pago para las localidades más pequeñas y el permiso para invertir en gasto corriente si las condiciones lo demuestran conveniente –, y es que, a partir de ahora, existirá la posibilidad de que el municipio controle los proyectos, es decir, que los ayuntamientos que lo deseen podrán gestionar integralmente las obras y servicios que realicen dentro de este programa, encargándose tanto de la redacción del proyecto como de su adjudicación, contratación y ejecución –por supuesto, la Comunidad estará siempre al corriente de cualquier incidencia y seguirá de cerca el correcto avance de las obras–.

Para calcular las cantidades asignadas a cada municipio, el Ejecutivo regional ha tenido en cuenta criterios como la renta per cápita, el paro registrado o, incluso, el patrimonio histórico artístico de cada localidad, en un intento por responder de forma efectiva a las tan diversas necesidades de los municipios. Y por eso mismo, se ha optado esta vez por permitir que los consistorios ahogados por el déficit solventen primero sus limitaciones económicas, para que una vez libres de cargas, puedan aspirar a su mayor desarrollo y crecimiento.