Política

Comunidad de Madrid

Los rectores anteponen la financiación a la «reforma naranja» universitaria

Cs denuncia una triple alianza PP, PSOE y rectores contra su plan para «regenerar» la universidad

El líder de la formación naranja Ignacio Aguado cree que no hay voluntad de cambio en la universidad / Foto: Cipriano Pastrano
El líder de la formación naranja Ignacio Aguado cree que no hay voluntad de cambio en la universidad / Foto: Cipriano Pastranolarazon

Cs denuncia una triple alianza PP, PSOE y rectores contra su plan para «regenerar» la universidad.

Ciudadanos quiere liderar la reforma universitaria después del «caso máster» pero no logra que a su propósito se sumen ni los partidos de la oposición ni tampoco los rectores de las universidades públicas, los principales protagonistas de cualquier reforma que quiera emprenderse en la educación superior.

De ahí que el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, visiblemente molesto, denunciara ayer una triple alianza PP, PSOE y rectores de universidades públicas «para impedir que haya regeneración y transparencia en los centros universitarios» después de que hayan pasado tres meses de las propuestas que les hizo para reformar la universidad tras los casos Cifuentes y Montón.

Los rectores no se suben al carro de la «reforma naranja» porque están «cansados e indignados del uso político que se está haciendo de la universidad» después del «caso máster», que ha dejado en entredicho su labor cuando consideran que lo ocurrido en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos es un caso puntual. Por eso han dado la espalda a Ciudadanos, que se propuso como su aliado en la Asamblea madrileña si daban solución a cinco puntos básicos de la reforma que consideraba necesaria para regenerar la universidad, que ya forma parte de la estrategia nacional del partido. Entre ellos se encontraba la creación de un Código ético para inspirar buenas prácticas y «alcanzar un estandar más elevado de integridad de la comunidad universitaria». Pero no creen que sea necesario por los controles que ya existen, como tampoco entienden el empeño de Cs por que se pueda disponer de los trabajos fin de grado y los de fin de máster, –oficiales y no oficiales–, y también de las tesis, tanto en formato digital como impreso para su consulta, porque creen que ya se puede acceder a ellos. También entienden que las medidas anti plagio que les propuso en octubre el líder de la formación naranja no son necesarios, porque ya se vienen aplicando.

¿Qué quieren entonces los rectores? «dinero». Es la interpretación que hace Cs tras la respuesta que los seis responsables de las universidades públicas dan por carta al líder de la formación que aguardaba impaciente su contestación. Y más ahora que en este final de legislatura la comisión de investigación de universidad (a la que se oponen PP-POSOE) centrará el foco mediático.

En la carta remitida al líder de Ciudadanos los rectores dejan claro que el principal problema que sufren es el de la financiación. Exigen un «sólido plan de financiación del sistema público universitario madrileño» entre otras cosas porque «hemos sufrido las consecuencias de la crisis y de unos recortes que han generado una importante disminución de su financiación la pérdida de personal y el envejecimiento de sus plantillas de manera que, si no se adoptan medidas urgentes, todo ello puede tener graves consecuencias», alertan en la carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los rectores relatan, además, otras penurias económicas, como es el hecho de que «tengan que reclamar por vía judicial y cobrar con años de retraso la cantidad correspondiente a la disminución de tasas académicas de los estudiantes que no se contempla en los presupuestos».

También creen que es hora de que perciban beneficios sociales, suspendidos desde 2013 por las Leyes de Presupuestos de la Comunidad. Y apuntan como reformas posibles reforzar su autonomía, como están haciendo otras Comunidades, eso sí, con «un estricto seguimiento y rendición de cuentas». Los rectores quieren, además, tener una financiación estable y un compromiso de incremento de financiación anual fijado de antemano para poder planificar sus actuaciones, una petición que es común a todas las universidades españolas.