Madrid Central podría paralizarse a un día de su entrada en vigor

La Comunidad recurre al TSJM para que anule el proyecto estrella de Carmena. Alega que faltan informes y se invaden competencias.

Nos espera «el caos» con las limitaciones al tráfico previstas en 472 hectáreas de Madrid central, alertó ayer el presidente Ángel Garrido. Por eso, anunció que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el TSJ madrileño en el que solicita la anulación y suspensión cautelar de la vigencia de la ordenanza de movilidad sostenible, la norma que regula el funcionamiento de Madrid Central y que podría paralizarse justo la víspera de su entrada en vigor ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estudiará los días 28 y 29 de noviembre los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y el Grupo Municipal Popular contra la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento que regula Madrid Central, según informaron a Ep fuentes jurídicas. Así, pueden ocurrir dos cosas: que el TSJ madrileño acepte la medida cautelar de la Comunidad y deje en suspenso la entrada en vigor del proyecto estrella de Carmena hasta la resolución del recurso, que puede tardar meses, o bien no admitir la petición y permitir las restricciones a partir del próximo día 30, tal y como está previsto por el Ayuntamiento. Ninguna de las dos opciones implica que los recursos vayan a ser desestimados.

En definitiva, lo que tendrá que valorar el TSJ madrileño al dictar una medida cautelar o no sobre Madrid Central es si el daño que causa a la ciudad su entrada en funcionamiento es relevante o irreversible. Ángel Garrido dijo ayer que el proyecto carece de trámites previos obligatorios e invade competencias de la Comunidad. Esgrimió hasta diez razones para solicitar a los tribunales que eche el freno al proyecto de Ahora Madrid y advirtió de que su iniciativa no responde «a ninguna motivación política».

La Comunidad cree que faltan trámites e informes para poner en marcha el proyecto porque las condiciones de acceso afectan a la movilidad del conjunto de la región. Debería haberlo evaluado antes el Consorcio de Transportes y elaborar un informe la consejería afectada.

También falta el informe de impacto económico porque «no se analiza el coste para el ciudadano en la medida que tiene que usar y pagar otros medios de transporte alternativos. Tampoco se analiza el impacto en las personas de movilidad reducida, menores de edad, dependientes o personas de edad avanzada, dice la Comunidad.

Otro de los argumentos es que el perímetro de Madrid Central «no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, según el informe de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid». Y es que, según el presidente madrileño, los valores máximos de contaminación se dan en las estaciones de medida de Escuelas Aguirre y en la Plaza de Fernández Ladreda, ambas fuera del perímetro de Madrid Central. También se argumenta que no hay una evaluación de impacto medioambiental en las zonas colindantes del perímetro de Madrid Central, tampoco se ha dado audiencia a los municipios limítrofes ni se ha estudiado cómo les afectarán las restricciones, omite la reserva de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, su entrada en vigor no lleva consigo medidas que permitan su aplicación eficaz que eviten el colapso del tráfico, y no se ha tenido en cuenta el impacto que su aplicación en las fechas previas a la Navidad puede conllevar, expone la Comunidad.

Además, interpondrá un segundo recurso contencioso administrativo para que se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, aprobado el 29 de octubre, que desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de las 472 hectáreas.

El PP y el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid respaldaron ayer la iniciativa de la Comunidad. La portavoz del PP, Isabel Díaz Ayuso, calificó el proyecto de «chapuza desde el punto de vista jurídico, económico y político». Además, el PP de Madrid se concentró ayer en la A1 para denunciar la situación «crítica» que se produce diariamente en esta autovía, que «se verá agravada» con la entrada en vigor de Madrid Central.

Mientras, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, defenderá hoy «Madrid Central» ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y trasladará «las continuas trabas y falta de colaboración de la Comunidad y el Consorcio Regional de Transportes en la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones».