Madrid Central: Una puesta en marcha sin estudios de impacto económico

La Plataforma de afectados denuncia la inexistencia de informes que expliquen la implantación en este perímetro. «El plan final no se corresponde con el compromiso del Ayuntamiento», dicen.

«Hemos solicitado tanto informes medioambientales, como de impacto económico y no nos han facilitado ninguno», asegura Pepe Ferrer, director general de la Asociación de Empresas de Distribución de la Comunidad de Madrid (Aedisma). Antes de crear la plataforma Madrid Sostenible, muchas de las 59 entidades adheridas habían mantenido reuniones con el Ayuntamiento. «Con respecto al informe ambiental, nos remitían a los datos que daban sus estaciones de medición y datos económicos no tenían ninguno. Es más, fuimos nosotros los que les facilitamos los datos de pérdidas de la pasada campaña de Navidad –se restringió el paso en la zona de Gran Vía–», añade uno de los portavoces de la Plataforma.

Con respecto a este impacto en las ventas, desde el Consistorio explican que se realizó una encuesta –que no estudio– que concluye que sólo 5% de las personas que accede a Gran Vía lo hace en coche, «acceso que sigue garantizado haciendo uso de los aparcamiento públicos del entorno», recuerdan.

En lo que respecta al estudio de la calidad del aire –principal motivo por el que se ha puesto en marcha Madrid Central–, se incluye dentro del Plan A que se aprobó en septiembre del pasado año. Como explica el Ayuntamiento, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) realizó un estudio de modelización de las emisiones. Este estudio determina que en toda la ciudad se reduciría el dióxido de nitrógeno (NO2) un 23%, pero no se refiere al impacto en el perímetro de Madrid Central, donde, desde el Ayuntamiento aseveran que «la reducción es mayor porque lo que se va a reducir es el tráfico de paso». Apuntan a una reducción del 40%, pero en la nota remitida en julio de este año no se explica si esta cifra proviene del mismo estudio de la UPM.

Nada de esto convence a vecinos y comerciantes que ayer, tras leer un manifiesto, y proclamar su constitución como plataforma, anunciaron que «vamos a iniciar una recogida de firmas, distribuyendo 2.000 puntos de información». Horas después de este anuncio, recibían la llamada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad, para convocarles esta tarde a una reunión con su delegada Inés Sabanés, que sólo unos días antes, el día que se aprobaba la ordenanza de movilidad, «nos desconvocaba».

«La idea de Madrid Central generó grandes expectativas, no sólo contra la polución, sino también contra la contaminación acústica y el contenido final no se corresponde con el compromiso que adquirió el Ayuntamiento. Estamos muy preocupados», afirmó ayer Juan José Blardony, director general de la Asociación La Viña y otro de los portavoces. A Madrid Sostenible se han sumado empresas de transporte, ocio, turismo, cultura, autónomos, clínicas, colegios o asociaciones de vecinos, entre otros colectivos.

Los convocantes trasladaron sus principales exigencias al Ayuntamiento, en concreto siete. La primera de ellas es la que afecta a la entrada y salida de furgonetas y camiones. «El calendario exigido en el plan puede llevar a la ruina al sector por la exigencia de la renovación de flota», explica Somoza. Y es que, en seis años se va a tener que cambiar el 90% de la flota, «lo que supondrá unas pérdidas de 1.300 millones». Además, no hay oferta suficiente de este tipo de vehículos eléctricos, ni de gas –estos últimos no cuentan con la categoría medioambiental CERO–. A eso se suma que no hay una buena estructura de recarga: «No hay suficientes puntos eléctricos, ni gasineras», añade Somoza.

La segunda exigencia corresponde a la ampliación de los horarios de carga y descarga. «Con las delimitaciones actuales sólo conseguirán que se congestione el centro y una mayor polución». El tercer punto corresponde a la ampliación de la red de transporte público, así como de los horarios. «Desde 2013 no se actualizan las rutas de la EMT», denuncian.

La cuarta exigencia es la relacionada con los permisos especiales que se dan en las Áreas de Prioridad Residencial (APR). En Madrid Central, sólo contarán con ellos los vecinos, por eso «las pymes quedamos fuera. ¿Cómo van a entrar los clientes a recoger mercancías? Lo único que van a conseguir es terminar con los barrios», insiste Isabel García Yáñez, de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. En quinto lugar solicitan más plazas de aparcamiento y que «se cree un plan específico de disponibilidad en tiempo real». El sexto punto es el dirigido al acceso de algunos transportes colectivos como colegios u hospitales. Por último, solicitan la implantación de un plan de comunicación.