Pacto en Madrid: el PP propone inspecciones en las aulas contra el adoctrinamiento

Plantea un acuerdo de Gobierno que incluya una consejería de Familia

El PP quiere llegar a un acuerdo mañana. Por eso ha propuesto a Cs y Vox una reunión «para solucionarlo» con idea de que la semana que viene pueda haber un acuerdo de investidura. Es por esto por lo que ha hecho público un documento para conseguir el desbloqueo en Madrid que incorpora modificaciones al texto inicial de Vox. El documento «no compromete como socio de gobierno» a la formación de Santiago Abascal y no obliga a que haya firma alguna, simplemente valdría con que «expresasen abiertamente su aceptación del pacto».

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, manifestó ayer a través de las redes sociales que se trata de «un texto para empezar en Madrid porque debemos dar estabilidad y respuesta a los ciudadanos, no podemos estar en manos de gobiernos en funciones y bloqueos». El documento suprime o suaviza algunas de las cuestiones planteadas por Vox que habían incomodado a Cs. Así, suprime la petición de la formación de Rocío Monasterio de que los menores extranjeros no puedan entrar en un centro de acogida si antes no acreditan la edad, que Madrid se quede sin una oficina permanente en Bruselas o que se deroguen artículos de la la ley LGTBi que Vox considera que atentan contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, que vulneran la patria potestad o que inviertan la carga de la prueba y eliminen la presunción de inocencia. El PP no acepta que se supriman consejerías, pero acepta crear una de Familia y suaviza la exigencia del Pin Parental que proponía Vox. Estas son las bases para el acuerdo que plantea el PP:

Impuestos

Quiere eliminarlos o reducirlos al máximo sin que aumente la deuda, pero sí la eficiencia del gasto público.

Apoyo a la familia y a la maternidad

Los populares, en la línea de Vox, hacen una apuesta firme por «revertir el invierno demográfico» y apoyar la maternidad. Por eso proponen crear una Consejería de Familia, tal y como quería el partido de Rocío Monasterio, pero no se habla en ningún momento de reducir la estructura prevista que, según el acuerdo entre PP y Cs, contempla aumentar de 9 a 13 el número de consejerías.

Racionalización del gasto

Es uno de los objetivos por eso, tal y como exigía Vox, quieren eliminar las agencias, entes y organismos que «no respondan a criterios razonables de uso del dinero público». Además, se evaluará el impacto económico de las políticas públicas y las subvenciones que concede la Comunidad de Madrid, pero no se hará un inventario exhaustivo de las subvenciones otorgadas en la última legislatura. El dinero que supuestamente se ahorre por la eliminación de entes se destinará, tal y como quería Vox, a sanidad, educación, ayudas a la dependencia y la discapacidad.

Libertad de educación y pensamiento

Los populares defienden el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos y que atienda a sus convicciones morales sin injerencias de la Administración en la formación ideológica de los alumnos. De este modo, serán especialmente vigilantes para evitar que haya adoctrinamiento en las aulas. Así, se reforzarán las labores de inspección por parte de la Consejería de Educación para evitarlo. Es más, «se evitará cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos de tal forma que se asegure la conformidad de los padres con los contenidos de carácter ideológico a impartir por parte del centro educativo». El PP resuelve así la petición de Vox de implantar el Pin Parental en los colegios madrileños, una fórmula que prevé que la dirección de los centros informe, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales que podrían ser controvertidas o sobre la sexualidad que, a juicio de Vox, puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores. De este modo se obliga al centro a informar a los padres para que conozcan de antemano las charlas que se imparten para, en base a ello, los padres puedan dar su consentimiento o no para que el menor asista a esa actividad.

Coto al turismo sanitario y que paguen los «sin papeles»

Tanto PP como Vox quieren que la inmigración que llega a la Comunidad lo haga de manera «ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo». Y, además, también coinciden en que las Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a directo a los datos con los que cuenta la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular. La medida evitaría situaciones como las que ha vivido la administración regional hace unos meses, que recibió menos subvenciones de las que les correspondía del Gobierno central para la atención a menores extrajeros por una falta de sincronía de datos. También el PP asume la petición de Vox de potenciar los mecanismos de facturación y cobro del gasto que generen los turistas o extranjeros en situación irregular. Deja fuera, sin embargo, la exigencia de que ningún Mena ingrese en un centro de menores sin que haya sido determinada previamente su edad.

Ayuda al exterior

La ayuda al exterior se hará, en todo caso, en coordinación con la Administración General del Estado y «tras una evaluación de las actuaciones». Lo que proponía Vox en el texto remitido a los populares era dedicar los recursos de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid a proyectos dentro de la región. Así, por ejemplo, pretendía que se dedicase especial atención a proyectos de desarrollo en zonas rurales que permitan frenar la despoblación o a paliar sus efectos o bien a proyectos que favorezcan el desarrollo de zonas en situación maginal.