Protección policial para el «jefe» por su pasado en Perú

El abogado del triple crimen de Usera se hizo famoso por destapar un caso de corrupción en su país. Se casó por conveniencia con una de sus empleadas asesinada.

Nadie hablaba ayer bien de Víctor Joel Salas, el abogado peruano que llevaba el despacho de la calle Marcelo Usera donde se produjo la tarde del miércoles un triple crimen sin precedentes en Madrid y, sin embargo, en su país de origen, donde ejerció de secretario de la administración judicial, fue popular por un acto «heroico»: destapar un supuesto caso de corrupción que acabó también en asesinato. Víctor Joel, a quien iba buscando el autor del triple homicidio del bufete y que, al ver que no aparecía, acabó matando a tres personas que no tenían nada que ver con el tema, tenía fama de estafar a sus clientes. Llevaba asuntos de menudeo de droga y la Policía le llevaba a menudo oficios a su despacho porque muchos clientes ponían el bufete como domicilio a efectos de notificaciones. Aseguran que cambiaba constantemente precios y los modificaba al alza o la baja si le interesaba o no el cliente. También aseguran que tenía deudas y que no pagaba el alquiler del local de Usera. Si bien algún cliente cabreado es una de las principales hipótesis para los investigadores, tampoco se descarta una historia mucho más rocambolesca que le ocurrió hace once años en Perú, por la que se hizo famoso. Por este motivo la Policía le puso protección permanente desde la noche del crimen tras prestar declaración ante Homicidios.

El caso por el que es muy probable que alguien quiera ajustar cuentas con él ocurrió en 2005 en Perú. Víctor denunció que la jueza Ana Luzmila Espinoza quería rebajar la condena a un narcotraficante judío llamado Zeev Chen. El objetivo era reducirle la pena de 25 a tres años de prisión (en lugar de narcotráfico querían dejarlo en menudeo). Así se lo habría pedido una íntima amiga de la jueza, una famosa empresaria judía (como el narco), llamada Miryam Fefer. A cambio, había mucho dinero. El dinero se entregó, la petición fiscal no se bajó y hubo, por tanto, un problema. La famosa empresaria apareció asesinada al año siguiente y el ahora abogado comenzó a recibir amenazas de muerte. Y es que el origen del crimen había sido su negativa a realizar esos cambios de calificación de pena. Cuando ocurrió el asesinato de la empresaria vinculada al narco, al Policía halló enseres de brujería y una foto del ahora abogado en España. Toda una historia de película que, por lo visto, ocurrió así.

Aquí, Víctor Joel también mantenía una extraña relación con sus dos empleadas fallecidas. Una de ellas, que ejercía de abogada desde hace 10 meses, era Elisa Consuegra Gálvez, cubana de 26 años. Al parecer estaban casados por motivos de conveniencia para que a ella le homologaran su titulación académica, según un amigo suyo. Según su perfil en Linkedin, había sido jueza en el Tribunal Municipal Popular de La Habana y, antes de ejercer como abogada en el despacho (ya había ejercido en tres juicios), había trabajado de becaria. Elisa murió a causa de un fuerte traumatismo craneal provocado con una barra de hierro.

Sin contrato la mayor parte del tiempo (le daba de alta sólo a veces, según un amigo) también estaba la otra empleada y víctima mortal: Maritza Osorio Riverónd, también cubana y de 42 años. Llegó a España hace unos 20 años y dejó en la isla caribeña a su hija, que ya pudo traer hace 10 años. Estuvo durante unos años viviendo en Alemania y llevaba unos cuatro trabajando en el bufete. Se quejaba a sus allegados de que le pagaban poco (600 euros), que no estaba cotizando y que se sentía explotada. Hacía de señora de la limpieza, repartía publicidad y resolvía todo tipo de recados.

Antes había trabajado en una inmobiliaria y de camarera en varios establecimientos hosteleros. Según fuentes policiales, su marido fue deportado a Ecuador (su país de origen) porque le pillaron en Barajas con droga y estaba sin permiso de residencia. A Maritza, el homicida le clavó la afilada barra de hierro que, al parecer, habría encontrado en el mismo despacho (una palanqueta) cerca del cuello. Sus amigos denunciaban ayer a las puertas del Anatómico Forense que eran ellas (Elisa y Maritza) las que daban la cara ante los clientes enfadados, que Víctor rara vez estaba en el despacho y que tenían que atender a clientes que querían ver al jefe y estaban enfadados. Ése podría haber sido el detonante de que se presentara ayer por la tarde en el local. Según fuentes de la investigación, sus empleadas le habían llamado alertando de que había un cliente que quería verle y presentaba una actitud extraña. Se desconoce si Víctor se presentó allí de forma inmediata pero todo parece indicar que no. Sin embargo, él llamó al rato para ver qué había pasado al final con aquel tipo pero nadie le cogía el teléfono y, por eso, se presentó en el lugar. Fue cuando al entrar vio el humo y dio la voz de alarma. Si las dos trabajadoras murieron sin tener ningún tipo de relación con el homicida, el que sí pasaba por allí de casualidad y sufrió el colmo de la mala suerte fue el cliente que esperaba en el bufete y que quería arreglar los papeles de Extranjería de su mujer. Se trata de Jhon Pepe Castillo Vega, ecuatoriano de 43 años. Era vecino de Carabanchel, estaba en el paro y hacía portes de forma esporádica. Estaba casado y tenía un niño de dos años y medio. A Jhon le clavaron la barra en la cabeza de forma incisiva. Su mujer, como los familiares de las otras dos víctimas, esperaban ayer que el forense terminara con las autopsias y salieron compungidos tras haber visto fotografías para que identificaran los cadáveres. Los cuerpos estaban muy dañados porque resultaron quemados. Un intento del homicida de borrar a la desesperada las huellas del triple crimen que había cometido. Según un informe policial, el homicida, que aún está sin identificar, utilizó algún tipo de acelerante para quemar los cuerpos. En el suelo, los agentes de Científica vieron papeles y libros medio calcinados.