Sanciones para el funcionario que no colabore en perseguir al político corrupto

Aguado anuncia la creación del Defensor del Denunciante de la corrupción política en la Administración. Será un organismo autónomo y habrá «canales seguros» para los delatores y multas para los que frenen la investigación.

Los 200.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid pasarán a convertirse en potenciales vigilantes de la corrupción política en la Administración.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha anunciado que Madrid abrirá un «canal seguro» para poder hacerlo. Así, cualquier empleado público que detecte alguna irregularidad o delito podrá ponerlo en conocimiento del Defensor del Denunciante, la nueva figura que se creará y a la que el funcionario se podrá dirigir de forma confidencial para evitar represalias. A partir de ahí, se pondrá en marcha un mecanismo de investigación sobre lo que está pasando.

El Defensor del Denunciante «es una herramienta que existe en la mayoría de países de la OCDE. Estoy convencido de que, cuando se ponga en marcha, va a suponer un antes y un después para la Administración», aseguró Aguado. De hecho, se mostró convencido de que «si hubiera estado vigente hace diez o quince años, se hubieran evitado casos como el de Púnica y Gürtel».

Aguado especificó que el Defensor del Denunciante será una figura «independiente y autónoma». Es más, su responsable será elegido por la mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid.

Ayer se publicó en el portal de Transparencia la memoria del futuro anteproyecto de Ley, una medida que forma parte de los acuerdos de gobierno PP-Cs. En el documento se especifica que entre las funciones de esta nueva figura se encuentran las de «asistir a personas que denuncien casos de corrupción, así como la detección, comprobación e investigación de las denuncias efectuadas».

Del mismo modo, también detalla que «se establecerá un régimen sancionador para aquellas personas que no colaboren en la investigación de las denuncias planteadas o bien vulneren el principio de la confidencialidad de los denunciantes o cualquier disposición de la ley que se pretende aprobar».

Aguado aseguró que ya ha dado las instrucciones para que se pongan en marcha los trámites necesarios para poder llevar este nuevo texto normativo al Consejo de Gobierno. De hecho, una vez publicado en el portal de transparencia la memoria de esta ley, se pone en marcha toda la tramitación que «será larga, pero espero contar con el apoyo de la mayoría de grupos de la Cámara», dijo Aguado.

«La presidenta y yo estamos decididos a que este Gobierno sea un aliado de la transparencia, la regeneración y la eliminación de privilegios», destacó. Es más, recordó que hace solo 15 días se inició la tramitación de la ley para eliminar aforamientos y se congratuló de que, en 60 días, ha aplicado el «rodillo de la regeneración» con este tipo de normas. «Si en 2023 conseguimos que exista esta figura, será un éxito de todos los madrileños, no sólo de este Gobierno, porque estaremos más protegidos que hasta ahora en materia de lucha contra la corrupción», sentenció.

Madrid no es la única autonomía que ha iniciado los trámites para la puesta en marcha de esta figura. Ya hay otras comunidades autónomas que cuentan con ella o están en proceso de crearla, como es el caso de Castilla y León, Valencia, Aragón, Baleares, Asturias, Navarra y Andalucía. En cualquier caso, Aguado consideró que es una herramienta «necesaria» que recomiendan organismos internacionales.

Prescripción europea

El vicepresidente madrileño se refería así al informe de 3 de febrero de 2014 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE. El documento pone especial énfasis en la necesidad de dotar de mecanismos de denuncia adecuados que codifiquen procesos dentro de las administraciones públicas y abran canales oficiales para comunicar lo que se perciba como irregularidades o incluso actos ilegales.

La Comunidad de Madrid justifica la necesidad y oportunidad de la medida amparándose en la idea de que «estas conductas denunciables pueden provocar graves perjuicios al interés público en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad». Es por esto por lo que considera necesario «potenciar la aplicación de la leyes introduciendo cauces de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias». La comunidad de Madrid está dispuesta a poner en marcha una regulación que «genere confianza» para que los funcionarios colaboren en dar caza al político corrupto ya que, hasta el momento, no cuenta con una norma de rango legal que regule de forma específica un marco de protección amplio a los empleados públicos que denuncien casos de corrupción y a la vez puedan evitar represalias en sus puestos de trabajo.