Madrid
Una nueva vida para la finca Torre Arias
El área de obras y equipamientos destina 1,6 millones de euros en la restauración de esta estructura del siglo XVI, que presenta un alto grado de deterioro
Palacios y caballerizas conforman la finca Torre Arias, en el número 551 de la calle Alcalá. Esta Quinta nobiliaria, del siglo XVI, atravesada por jardines y dos arroyos, y de unas 18,8 hectáreas de extensión, tenía finalidades tanto de recreo como agropecuarias. Su última propietaria fue Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, fallecida en 2012, si bien el Ayuntamiento ostenta su propiedad desde 1986. Desde entonces, su futuro ha sido incierto. Tatiana mantuvo su uso hasta su muerte, pero a cambio se comprometió a realizar el mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, el paso de los años ha hecho mella en su estructura.
Ahora, el área de Gobierno de Obras y Equipamientos, liderado por Paloma García Romero, aprobó en la última Junta de Gobierno un plan para subsanar diversas patologías de este entorno singular: la torre del reloj y capinterías de los edificios de guardeses, cabellerizas y de la finca. La inversión es ambiciosa: 1,69 millones de euros, en unos trabajos que abarcarán los próximos doce meses. Las actuaciones cuentan con el preceptivo informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid.
Las obras tendrán como objeto la restauración y consolidación estructural en el cuerpo de la torre del reloj del palacio, ubicado en la fachada sur. Según informa Obras y Equipamientos, debido a los años «en los que el edificio ha permanecido en desuso y sin mantenimiento», con filtraciones que han provocado ataques de insectos xilófagos –por ejemplo, las termitas– y la «pudrición de muchos de sus elementos», se ha producido «un alto grado de deterioro» en la estructura general.
Del mismo modo, las obras también se centrarán en la «restauración de las almenas y cerramientos», así como en los elementos ornamentales, tales como la pieza de cerrajería de remate de la torre así como la campana.
Por otro lado, el Ayuntamiento pretende cerrar los huecos exteriores de las edificaciones principales mediante la reconstrucción y/o restauración de carpinterías exteriores en función de su grado de deterioro.
Conservar su valor
Hay que subrayar que en estos trabajos se «conservarán siempre», o en su caso reproduciendo, los materiales y diseños preexistentes, así como los remates interiores y de fachada que completen su restauración.
Se trata de un capítulo más dentro del largo devenir de la finca. En julio de 2014, el Consistorio aprobó un Plan Especial que modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tenía como objetivo la cesión de la finca para la construcción de la sede madrileña de la Universidad de Navarra. Según afirmó un año después el Consistorio de Manuela Carmena, dicho Plan Especial recogía la posibilidad de demoler parte de las construcciones históricas existentes y la construcción de edificaciones modernas en su interior. Además, se produjeron recursos contra el plan, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó suspenderlo.
Ya en 2016, y debido a la presión vecinal del distrito de San Blas-Canillejas, el Ayuntamiento realizó una «apertura simbólica» de este entorno. Carmena anunció ese mismo año que la Casa del Guarda de la finca se reconvertiría en un centro de orientación y aprovechamiento para dar a conocer el parque.
El año pasado, los votos positivos unánimes de toda la Corporación sacaron adelante el nuevo plan especial, que fue aprobado en el Pleno de Cibeles con el apoyo de los movimientos ciudadanos presentes. Entonces desplegaron una pancarta con la que daban las gracias por esta actuación y corearon el lema «sí se puede».
Este plan especial constituía un documento urbanístico que establecía la conservación del carácter integral de este espacio singular en su doble vertiente de finca de recreo y explotación agropecuaria. Además, completaba su catalogación del patrimonio histórico, incorporando el jardín, elementos singulares, edificios y arbolado. También establecía el destino del ámbito para usos dotacionales de uso público y dispuso su gestión pública por parte del Ayuntamiento de Madrid.
En total, el documento protegía trece edificios históricos con una superficie edificada de más de 7.000 metros cuadrados y 50 elementos singulares.
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