Ayuntamiento de Madrid

3,3 millones en subvenciones a Madrid Destino sin justificar en la era Carmena

Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid desvela que en 12 proyectos con una aportación de 6.930.473 euros, se realizaron gastos por 9.976.796

La ex alcaldesa Carmena, en el Pleno en el que cedió el testigo a José Luis Martínez-Almeida en junio de 2019
La ex alcaldesa Carmena, en el Pleno en el que cedió el testigo a José Luis Martínez-Almeida en junio de 2019Emilio NaranjoEFE

Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid en el que se desgrana una Auditoría de Cumplimiento y Operativa sobre la empresa municipal de cultura Madrid Destino señala la existencia de 3,3 millones de euros en subvenciones sin justificar durante los años 2016, 2017 y 2018.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que las aportaciones específicas para 26 proyectos de 2016 ascendieron a 11.710.872,61 euros, de los que, en 14 casos, «habiendo aportado el Ayuntamiento de Madrid 4.780.400 euros, no se justificaron gastos por 3.341.043 euros, y en doce proyectos con una aportación de 6.930.473 euros, se realizaron gastos por 9.976.796 euros». «Es decir, se gastaron 3.046.323 euros de más», se menciona a continuación.

En este sentido, se apunta que «a la vista de las deficiencias detectadas en materia de subvenciones, Madrid Destino aprobó un Manual de Procedimiento que subsanaba las mismas».

Se indica asimismo que «no se ha podido efectuar una prueba de verificación física de inventario al no estar los bienes debidamente identificados mediante una etiqueta identificativa, referencia catastral o número de bastido».

Respecto a los inmuebles que el Ayuntamiento ha cedido a Madrid Destino, sobre los procedentes de la extinta Madridec, «se incumplió la recomendación del ICAC, surgiendo una infravaloración de 423.776.580 euros, respecto al valor razonable».

En el caso de Matadero, procedente en este caso de MACSA, «el valor por el que se registró en contabilidad fue inferior en 11.581.133 euros».

Si bien, se explica que en el periodo analizado el resultado de operaciones continuadas coincidió con el resultado del ejercicio, que resultó positivo los tres ejercicios, y «fluctuó entre un máximo de 5.936.346 euros en 2016 y un mínimo de 732.544 euros en 2017, y en 2018 se incrementó ligeramente».

También se detiene el informe en el ámbito del personal, y apunta un incremento del 25 por ciento en el número de trabajadores, pasando de 511 en 2016 a 640 en 2018. Asimismo aprecia «deficiencias» de control interno, ya que la empresa «no dispone de un procedimiento escrito de elaboración de nóminas y en las comprobaciones no se revisa un estado de variaciones entre una nómina y la del mes anterior». No obstante, alaba, en el ámbito de las mejoras, la creación de un «Procedimiento para la selección de personal», pese a que se hayan detectado algunas «incidencias». Se localizaron algunos casos en los que se había producido concatenación de los contratos laborales.

Sobre ingresos de explotación, se hace mención a que los ingresos procedentes del Ayuntamiento de la capital fueron los más importantes,oscilando entre el 71 por ciento en 2016 y un máximo del 76 por ciento en 2017, entre los que se encontraban las subvenciones a la explotación que se incrementaron un 5 por ciento, pasando de 55.787.177 euros de 2016 a 58.699.828 euros en 2018 y las encomiendas de gestión. Además, la empresa incrementó su actividad con nuevos eventos, lo que supuso mayor financiación municipal.

Tras conocer estos datos, no tardó en salir al paso la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, quien aseguró: «La Cámara de Cuentas es una institución autonómica que a veces emite informes y a veces no. Especialmente emitió informes durante la legislatura de Manuela Carmena cuando no evaluó ni tuvo a bien posicionarse o fiscalizar nada de lo que sucedió en la Comunidad en los casi 15 años de expolio de Lezo, Púnica o Gürte». También criticó la postura de PP y Cs cuando estaban en la oposición al declarar que había «subvenciones sin pasar por la fiscalización, como si funcionarios las firmaran sin análisis y control».