El insuficiente plan policial de Franco para la Cañada Real

Los cortes de suministro eléctrico en la Cañada Real como consecuencia de los microcultivos de marihuana que se vienen produciendo hace semanas se han convertido en un asunto difícil de resolver mientras muchas familias viven en situación precaria sin luz por los enganches ilegales. La Comunidad de Madrid cree que básicamente se trata de un problema de seguridad ciudadana, que es competencia de la Delegación del Gobierno. Por eso, cree debería poner en marcha o explicar el plan de choque que se acordó que llevaría a cabo para acabar con las mafias de la droga a la vista de que las plantaciones ilegales «no sólo están provocando cortes de suministro a sus vecinos, sino una gran alarma social en la zona», aseguran desde la Consejería de Vivienda. Otra posibilidad que se ha barajado es el realojo de las familias afectadas, pero los propios vecinos se niegan a marcharse.

Mientras, la Delegación del Gobierno asegura que «sí se ha puesto en marcha un plan de choque con mayor presencia policial diaria». De hecho, recientemente se llevó a cabo una macrooperación policial contra estas plantaciones ilegales. Pero las medidas no terminan de erradicar el problema. Y es que la propia Delegación del Gobierno reconoce que es un problema con el que no se puede acabar de la noche a la mañana teniendo en cuenta que estas microplantaciones se encuentran en el interior de viviendas privadas e intervenir implicaría disponer de órdenes judiciales y de una investigación exhaustiva, lo que requiere tiempo. La Delegación de Gobierno estaría dispuesta a estudiar la posibilidad de que la Cañada Real se declarase zona de emergencia, lo cual activaría la presencia de la UME y de Protección Civil en la zona y facilitaría la instalación de grupos electrógenos, pero no está claro que ésta sea una posibilidad real que se maneje.

Ayer, se celebró una reunión entre el consejero de Vivienda, David Pérez, el delegado del área de gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, Pepe Aniorte, la viceconsejera de Políticas Sociales, Silvia Sánchez, y los dos Comisionados para la Cañada Real del Ayuntamiento y la Comunidad y acordaron medidas para tratar de paliar la situación. Entre ellas figura mantener una reunión con la compañía eléctrica suministradora para buscar alternativas de carácter urgente, establecer una estrategia de acción conjunta para que los servicios sociales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se coordinen en la asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad residentes en la Cañada. También pedirán explicaciones a la Delegación del Gobierno.

Mientras, los vecinos volverán a manifestarse hoy frente a la Consejería de Vivienda con el lema «¿Dónde están nuestros derechos?». Se trata de la tercera protesta en los últimos diez días en la que piden que se les restablezca el suministro eléctrico.

«Nadie parece darse por aludido y las administraciones siguen mirando para otro lado a pesar de la gravedad del problema», aseguran desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid que considera que «es un atentado contra la salud, la educación y la vida misma».