El líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, condenado a pagar 50.000 euros por despido improcedente

Había estado trabajando en el servicio de recogida de basuras de Alcorcón en campañas esporádicas pero fue en junio de 2007 cuando José Fernández consiguió una plaza fija como peón especialista de fin de semana en Esmasa (Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón). «Nuestro trabajo consiste en recoger todo lo que hay alrededor de las islas ecológicas (maderas, basura...) para que, cuando llegue el camión de la basura, pueda recoger la isla despejada». La alegría inicial de haber conseguido un trabajo fijo en la única empresa municipal de la localidad no le duró mucho porque, a los pocos meses, le comenzaron a ordenar también la limpieza de los fosos: el cubículo donde va enterrado el contenedor y que a menudo se llena líquidos y basuras. «Hay que meterse dentro, retirar el líquido con una bomba a presión y sacar basuras por encima de la cabeza». Un cometido que no estaba entre las tareas de un peón especialista pero fue una condición que, asegura José, le puso la anterior dirección de la empresa municipal (gobernaba entonces el PP en Alcorcón) si quería pasar de contrato de fin de semana a uno de lunes a domingo. «Acepté por estar a bien con la empresa, no quería enfrentarme», dice el trabajador, que celebró cuando en 2018 por fin regularon esta situación y sacaron plazas específicas para reparación y limpieza de fosos. Cuando pensaba que al fin lograría quitarse de encima esta tarea, asegura que la empresa le inscribió, sin su consentimiento, en el cursillo obligatorio para ese nuevo puesto y ahí empezó la batalla. «Yo estaba en el sindicato CGT, donde estaba Jesús Santos», entonces también trabajador de esta empresa pública de la que hoy es el presidente, además de teniente de alcalde en Alcorcón por Podemos y, desde junio del año pasado, coordinador de la formación morada en la Comunidad de Madrid. Fue ahí cuando, según José, comenzó la animadversión con el hoy líder político. «Él acabó dirigiendo la CGT pero yo me cambié de sindicato porque no me ayudaron con este problema. Me fui a CC OO y eso no me lo perdonaron: me dejaron de hablar». José denunció un trato discriminatorio en la empresa porque todos los que hicieron el cursillo pasaron a trabajar de lunes a viernes menos él, que continuó de lunes a domingo.

Operado de las cervicales

«La abogada me planteó dos vías: conseguir que me quitaran de ahí o conseguir las mismas condiciones que mis compañeros: de lunes a viernes. Como ya tenía la mecánica cogida, preferí pelear la segunda». Perdió el juicio y, al cabo de los meses, empezó a sufrir dolencias en la espalda, unas lesiones que han derivado en una discopatía que requirió de una reciente operación de cervicales y otra de lumbares programada.

José estuvo más de un año de baja y, tras los consejos de los traumatólogos, que le prohibían coger peso, solicitó a la empresa que le reubicara en otro puesto. No le hicieron caso, tuvo que reincorporarse y presentó una reclamación ante Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). «La gané: dijeron que no podía desempeñar ese puesto de trabajo y me reconocieron un 33% de minusvalía».

Sentencia judicial

Estando José todavía de baja Esmasa sacó dos plazas de informador: atender consultas telefónicas de los ciudadanos para dar avisos de basuras etc. «Esas dos plazas no las cubrieron y yo me quise inscribir pero como estaba de baja no me dejaron: algo surrealista porque esas plazas las dejaron para las personas que tenían alguna dolencia: era absurdo que yo no pudiera optar, así que volví a denunciar y gané el juicio». Era 2019 y acaba de entrar la nueva corporación municipal en Alcorcón (PSOE y Podemos) y cambió la dirección de la empresa, que empezó a dirigir Jesús Santos. «Yo hablé con Santos y le expliqué que me debían dejar presentarme a la plaza pero no me hizo caso». Había tres candidatos para dos plazas pero una de ellas no pasó el filtro médico (debían ser empleados con alguna incapacidad) por lo que quedaron dos personas para dos plazas: una, en teoría, debía ser para José, pero el puesto nunca llegó. Al reincorporarse de la baja, le mandaron a otro puesto «tranquilo», al Punto Limpio, pero Santos «tampoco me quería allí». Así, en octubre de 2019 le mandaron, de nuevo, al camión de basuras. «No aguanté ni dos días: el primero tuve que irme a la mutua a que me pincharan algo para el dolor y acabé dándome de baja otra vez. El médico me dijo que el nervio me estaba chocando con la vértebra y, de ahí, mis mareos y dolores insoportables». José estuvo de baja hasta el año pasado cuando, en febrero, justo antes de la pandemia, le llegó el despido. Lo denunció y ahora un juez ha considerado que se trata de un despido improcedente. Según la sentencia fechada a 5 de febrero, a la que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, Francisco Juan Sánchez, ha condenado a Esmasa a indemnizar con 49.537,59 euros al trabajador por despido improcedente. La empresa todavía puede recurrir al TSJ.

Acoso en el trabajo

Además de la situación que José vivía en la recogida de residuos, cuando llegaba a base se encontraba la taquilla pintada (imagen inferior) y llena de basura. Por no revivir todo esto José asegura que aún puede plantearse volver al trabajo: «Si dudo es por miedo, tengo pánico a volver. Me culpan de haberme cogido una baja pero yo no tengo la culpa. Tú no engañas a unos médicos para que te operen, no te meten tres prótesis en una cervical porque sí».