Educación

El Gobierno de Ayuso rechaza incluir en su ley de Educación el pin parental de Vox “porque los padres no tienen derecho a objetar”

Considera “imposible” la propuesta de Vox de que la enseñanza no obligatoria sea gratuita “porque costaría 760 millones”, ha asegurado Ossorio

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Gobierno regional
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Gobierno regionalAlberto OrtegaEuropa Press

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, no está dispuesto a incluir en su ley Maestra de Libertad Educativa, que se debate mañana en la Asamblea de Madrid, que se aplique el pin parental en los centros educativos, tal y como propone Vox en la exposición de motivos de las 44 enmiendas que ha presentado sobre la norma que pretende contrarrestar la polémica Ley Celaá.

Los de Rocío Monasterio plantean que los padres tengan derecho a conocer y a ser informados sobre los contenidos curriculares de las materias y los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, así como los contenidos de las actividades complementarias, extracurriculares. Enumeran incluso una larga lista de información que los padres deben recibir con el sobre de matrícula. Hasta ahí, el Gobierno de Díaz Ayuso estaría dispuesto a considerar la iniciativa en favor de una mayor transparencia, pero descarta la parte en la que Vox propone recoger por ley el “derecho de los padres a la objeción de conciencia”, lo que vendría a ser, en la práctica, el pin parental porque “no existe la objeción de conciencia de los padres en la enseñanza en los aspectos curriculares y complementarios; el padre no tiene derecho a decir lo que no estudia su hijo cuando se trata de contenidos curriculares obligatorios”.

Por otra parte, descarta ampliar la gratuidad de la enseñanza a etapas no obligatorias, otra de las enmiendas de Vox a la Ley Maestra “por motivos económicos. Costaría 760 millones”, ha sentenciado.