La alcaldesa de Alcorcón se aferra al cargo, descarta dimitir y recurrirá su inhabilitación

La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha descartado su dimisión y ha avanzado que recurrirá la sentencia que la condena a cinco años de inhabilitaciónpara administrar bienes ajenos al considerarla responsable, subsidiariamente, de la quiebra de la empresa pública Emgiasa. La alcaldesa de Alcorcón ha asegurado contar con el apoyo del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, a quien ha dado “todas las explicaciones”.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa donde ha insistido en que la sentencia, que ha calificado de “injusta”, no es firme y que, en todo caso, su inhabilitación se refiere “al ámbito de gestión de las empresas privadas, no se plantea inhabilitación para cargo publico”, por lo que “no afecta al cargo de alcaldesa”.

La regidora socialista se ha apoyado en un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón, al que ha tenido acceso Efe, que asegura que “nos encontramos en la jurisdicción civil”, refiriéndose la inhabilitación que se cita en el fallo “a la gestión de empresas privadas”.

Además, insiste el informe en que, en este momento, lo más relevante es que “la sentencia no es firme, no causando estado y por lo tanto lo dictaminado en el fallo no despliega efectos”.

“Por tanto, no existe inconveniente jurídico alguno que impida el normal desempeño de sus funciones por la Sra. Alcaldesa-Presidenta”, añade el escrito, que en un segundo apartado entiende que existen “grandes dudas de derecho que justifican la interposición de recurso de apelación en defensa de los intereses municipales”.

Por otro lado, la alcaldesa ha reiterado en su exposición que la sentencia no determina la comisión de ningún delito, no hay ningún desvío patrimonial, no falta ningún euro en la empresa”, pero, a su entender, resulta “completamente desproporcionada y no se ajusta a la realidad de los hechos”.

Los hechos se remontan a la etapa del exalcalde socialista Enrique Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda que actualmente está en concurso de acreedores.

El juez ha dado la razón a la Fiscalía, que entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa pública fue consecuencia directa de una gestión “culposa” en las actuaciones referidas a la construcción de las distintas fases del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y a las relaciones comerciales con Gesmansur respecto a la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón.

En concreto, el juez entiende como “culposa” la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a ‘reservas voluntarias’ del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del CREAA.

Por otro lado, también ponen en duda las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmansur, ya que, según el fiscal, “no estaban amparadas en una contratación administrativa válida, pues se prescindió total y absolutamente de los trámite administrativos legalmente previstos”.

Aún así, la alcaldesa insiste en que van a recurrir la sentencia ya que entienden que “se basa en una irregularidad contable relevante cuando es obvio que los miembros del Consejo de Administración no elaboraban la contabilidad”, además de que “todos los acuerdos se tomaron con informes técnicos favorables”.