Los servicios de «desokupación» se disparan en Madrid: “La ley no protege al débil, protege al listo”

Basta con teclear «desokupación Madrid» en un motor de búsqueda para toparse con cerca de medio millón de resultados: ofertas, un tiempo garantizado de 24 a 48 horas, porcentajes de éxito que rozan el 100%... La oferta de servicios de desokupación se ha disparado en toda España. Y especialmente en la Comunidad de Madrid.

Un caso de éxito es el de «Fuera Ya». Una empresa que nació hace menos de dos años y que ya cuenta con 117 servicios realizados: catorce en Móstoles, doce en Vallecas, nueve en Villalba, cuatro en Fuenlabrada, tres en Getafe... Más de la mitad de los casos –cerca de setenta– han tenido lugar en Madrid o alrededores.

«Se suele creer que la ley ampara al más débil, pero no es así. Ampara al más listo. El Gobierno acaba favoreciendo la okupación gracias a empadronamientos, la concesión de ayudas o la prestación de ayudas legales gratuitas, de forma que pueden seguir ocupando las viviendas. Se protege al okupa más que al propietario, que es gente que lleva más de 20 años pagando una hipoteca y que, en muchos casos, vive del alquiler de su vivienda», afirma a este diario Guillermo Baud, director de operaciones de Fuera Ya. Y es que el laberinto legal al que se enfrenta un propietario puede durar dos años hasta que recupera su casa. «Si no denuncia la okupación en las primeras 48 horas, y el inquilino ha cambiado el bombín de la cerradura, no puedes hacer nada. Podría ser allanamiento de morada», explica.

En su caso, la empresa nació ante un problema acuciante, «que deja entre 40 y 50 okupaciones diarias en España». Especialmente en zonas periféricas: ni la okupación ni la desokupación se dan en zonas como Salamanca o Chamberí. Desde su experiencia, el «okupa», más que por su nacionalidad –el número de españoles y extranjeros está muy repartido–, se distingue por su «conocimiento de la ley para sacar beneficio».

En su opinión, hay muchos «lobos con piel de cordero», que, en caso «de que se presente allí la Policía, cuentan con algún menor a mano –el sobrino o el hijo de alguien conocido– porque saben que ningún juez ni la Policía se atreverá a echarles, o incluso fingen enfermedades».

¿Cómo se actúa en estos casos? Baud recalca que, en primer lugar, los servicios jurídicos de Fuera Ya estudian el caso para saber si, efectivamente, la ley está a favor del propietario. Baud recalca que hay casos en los que, efectivamente, la okupación se hace por «verdadera necesidad», por lo que la empresa se encarga de «reubicar» al okupa en viviendas sociales.

En una primera toma de contacto, se le explica la situación y se trata de razonar con él. Llegado al caso, se le ofrece dinero, en una horquilla que va de los 200 euros a los 500 euros como máximo. Y si sigue sin haber acuerdo, se pasa al «control de acceso al edificio»: un guardia de seguridad cualificado, previa autorización por parte de la comunidad de vecinos, puede denegar la entrada de alguien ajeno al edificio, mientras que la salida del inmueble sí que está permitida. Dicho de otro modo: el okupa puede salir del edificio, pero no volver a entrar. «Se trata de una medida de carácter disuasorio», apunta Baud. Durante la mediación para la «desokupación», el guardia lleva siempre consigo una cámara tipo GoPro para que quede constancia de que todo es legal.

¿Cuánto lleva ese proceso? Depende del caso. «Hemos tenido desokupaciones que se han prolongado por cuatro meses y sin proceso judicial; otras han sido cuestión de horas», concluyen en Fuera Ya. ¿El porcentaje de éxito? En torno al 98%.