La Justicia cerca un centro animal de Rivas edificado en zona protegida

«El nivel de afectación acústica de la parcela lo hace no aconsejable para centro de protección de animales; y que la instalación de la actividad genera perjuicios económicos a los propietarios e industriales de las parcelas colindantes». Así recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la justificación que han ofrecido varias empresas del Polígono Santa Ana de Rivas-Vaciamadrid a la hora de presentar su recurso contra el Ayuntamiento de la ciudad por la construcción del Centro Integral de Protección Animal de Rivas (CIPAR) en la zona, a lo que la Justicia les ha dado la razón.

«El asunto va más allá», dice Janette Novo, portavoz del PP del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. «Los empresarios no quieren tener sus naves frente a un centro así, sobre todo por los ruidos y los olores y porque está construido en una zona verde, justo al lado de un campo de futbol para niños», explica. Sin embargo, lo «realmente grave» para la portavoz popular es que el CIPAR, inaugurado en 2021, se ha construido en un área catalogada como zona verde, lo cual incumple la normativa municipal. «A raíz de eso, un grupo de empresarios presentaron el recurso contencioso administrativo, que en primera instancia ganaron y el Ayuntamiento apeló, pero ha vuelto a perder porque la justicia ha vuelto a fallar a favor de los demandantes», apunta.

Entre una sentencia y otra, el Ayuntamiento ha hecho una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana en el que amplía los usos de las zonas verdes, de tal manera que se incluyesen actividades como las de este centro de protección animal. «Esto se aprobó en el último pleno con los votos de la izquierda», añade Novo. «Es decir, han legalizado a posteriori algo que es ilegal, y lo que no sabemos es ahora qué va a ocurrir. Me imagino que los empresarios no se van a quedar cruzados de brazos, sino que van a presentar alegaciones a la modificación del Plan», asevera.

Desde el PP de Rivas han demandado, durante todo el proceso, que no se siguiera invirtiendo hasta que los tribunales se hubieran pronunciado, ya que el centro se ha ido construyendo por fases y «tiene unos costes que superan ya el millón de euros». «Lo único que pedíamos es que hasta que no se decidiera si el centro iba a poder estar ahí o no, se paralizasen los trabajos de construcción», insiste Novo. Sin embargo, el CIPAR funciona ya a pleno rendimiento, aunque hay una segunda fase de ampliación que se ha paralizado. «El Ayuntamiento construyó infringiendo la legislación urbanística de Rivas. Y, cuando han tenido este recurso a favor de los empresarios han apelado y han modificado el Plan para adaptarlo a su interés», asevera Novo. Desde el consistorio, Pilar Gabina, concejala de Urbanismo y Vivienda, asegura que la modificación se había acometido antes de que saliera la segunda sentencia. «El Ayuntamiento de Rivas acató la sentencia y ha trabajado para que la implantación de los usos de interés general, como este centro de protección animal, o los huertos urbanos, estén contemplados en la normativa urbanística», explica.

En este sentido, Gabina asegura que con la modificación del Plan de Ordenación Urbana no solo se pretendía dar respuesta a este mandato judicial, sino poner en valor los usos de las zonas verdes de Rivas. «Se contrató un equipo multidisciplinar para que contemplase la modificación no como una solución puntual a un problema localizado, sino como respuesta a una situación que se extiende por las zonas verdes y los espacios libres del municipio, especialmente en las áreas industriales», asegura. «Lo que queremos establecer es una más completa ordenación de los usos del conjunto de los grandes parques de la ciudad», dice, buscando además «el desarrollo de nuevas centralidades, y propiciando el uso para eventos y actos de aquellas zonas verdes que están más infrautilizadas, sobre todo, por su localización en las zonas de usos no residenciales».

«En un principio no detectamos que se estuviera haciendo mal», reconoce la concejala, y puntualiza que, en el momento que fueron conscientes de ello, comenzaron «a trabajar para subsanar la situación, siempre a disposición de lo que nos diga la ley».