Sin rastro de las ayudas prometidas por Sánchez al Puerto de Navacerrada un año después

A finales de marzo del año pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) liderado por Teresa Ribera anunciaba a bombo y platillo su plan para la «recuperación y activación económica sostenible» del Puerto de Navacerrada. El motivo, una suerte de compensación para la zona tras el cierre de las instalaciones de esquí de tres pistas –Escaparate, Telégrafo y El Bosque–, a las cuales no se iba a renovar la concesión debido a las «numerosas figuras de protección» medioambiental que se citan en el lugar. Así, el El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Miteco, iba a poner en marcha un plan que pretendíasuplir el cierre de las pistas y los numerosos ingresos que producen con al menos cuatro medidas: la promoción de la economía local a través de la digitalización; el impulso de la movilidad sostenible para la distribución de flujos turísticos, con la regulación del uso de aparcamientos; la activación del turismo histórico, deportivo y de naturaleza, y la rehabilitación del Puerto de Navacerrada, en la que se tendrían en cuenta las instalaciones sin uso o en ruinas, el mobiliario urbano y los espacios públicos, entre otras cuestiones. Han pasado quince meses desde el anuncio del Miteco... y no se ha producido ni un solo avance.

Así lo reconoce el propio Ministerio, a través del OAPN, en la respuesta remitida al PP de la Asamblea de Madrid, que formuló una petición de información pública al Gobierno de Pedro Sánchez. En su contestación, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el OAPN reconoce que «el grado de ejecución de las actuaciones (...) hasta el momento alcanza el inicio de los trámites legales y administrativos necesarios para su realización, que está previsto abordar en las anualidades 2022 y 2023». Dicho de otro modo: las actuaciones no se encuentran todavía ni siquiera en fase de licitación.

Entre esas medidas, el Gobierno detalla cuatro cuyo importe supera ampliamente el millón de euros: el «acondicionamiento de una ruta alrededor del embalse de Navacerrada con un punto de acceso e instalación de equipamientos» sería la más costosa, con 800.000 euros; la «implementación de medidas para el incremento de la biodiversidad urbana del Real Sitio de San Ildefonso», presupuestada en 216.655 euros; la «demolición de la Clínica de la Mutualidad General Deportiva», valorada en 186.691 euros, y la demolición del edificio «antigua panadería», situado junto a la pista de esquí , con un importe de 34.266 euros.

El Gobierno recuerda en su escrito que este «Programa Piloto para la activación Económica Sostenible de los municipios del entorno del Puerto» ha sido acordado con los municipios implicados. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Navacerrada está gobernado desde 2019 por la socialista Ana Paula Espinosa, mientras que el de Cercedilla, otro de los afectados, tiene como edil a Luis Miguel Peña, de Juntos por Cercedilla, que ejerce el bastón de mando gracias a los votos del PSOE y Unidas Podemos. Desde el PP madrileño han acusado a ambos regidores por «ponerse de perfil» ante el cierre decretado por el Gobierno de Sánchez.

De este modo, ni llegan las ayudas prometidas al Puerto, ni muchísimo menos tienen las pistas su futuro asegurado. Con la concesión de la pista ya finalizada, la empresa concesionaria solicitó el año pasado una prórroga de dos años al OAPN. De esta forma, la gestora reclamaba una compensación por haber cerrado obligatoriamente la estación por espacio de dos años debido a la pandemia. Sin embargo, este organismo estatal, así como la Junta de Castilla y León, se declararon «incompetentes» para decidir sobre dicha prórroga. Así, la empresa anunció que abriría las pistas para la temporada de invierno. Una decisión para la cual el Gobierno central solicitó medidas cautelares.

Sin embargo, el pasado 3 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León frenó en seco al Ministerio en su afán de evitar la reapertura. El tribunal valoraba que «los actos de uso del monte desde la última concesión se vienen realizando durante los últimos 25 años». Así, consideraba que «el perjuicio estaría más en el impedimento del uso y la posible retirada de las instalaciones, lo que podría crear una situación definitiva de difícil reversibilidad».

Además, se da la circunstancia de que la polémica estalló poco antes de la campaña electoral de Castilla y León. En todo caso, antes de los comicios, su presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que el fin de la concesión no tenía por qué significar necesariamente la «desaparición» de las pistas. De hecho, se estaba pendiente de contactar con el Gobierno central para valorar «el siguiente paso».

Desde entonces, no se han producido novedades, lo que lleva a pensar que la situación ha entrado en un impasse judicial. Pero se han dado pasos que llevan a pensar que el Gobierno de Sánchez no se va a echar atrás en su decisión. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), perteneciente a la Comisaría de Aguas del Miteco, anunció en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado diciembre el acuerdo por el que «da por extinguido el derecho de aprovechamiento de aguas superficiales del arroyo El Telégrafo, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso para usos industriales, en concreto fabricación de nieve artificial para la estación de esquí de Navacerrada, según informaba la agencia Icai. De este modo, la empresa concesionaria no podría utilizar agua del Duero en una de las pistas «señaladas» por el Gobierno.

En octubre del 2021, el Ejecutivo de Sánchez facilitó al PP de Madrid los informes técnicos en los que se argumentaba el cierre de las tres pistas, después de varias peticiones fallidas. Unos informes que, según los «populares», no solo no despejaban las dudas, sino que incurrían en numerosos errores y omisiones. Así, uno de los «informes» se limitaba a ser un «power point» que, además, había sido utilizado previamente por el Ayuntamiento de Navacerrada, liderado por el PSOE, como «argumentario» para justificar el cierre.

En otro de los documentos se hacía referencia al artículo 3.4 de la Ley de Parques Nacionales, referida a la Sierra de Guadarrama, por el cual se prohíbe el establecimiento de remontes mecánicos y la práctica del esquí alpino, al ser «incompatibles con los valores protegidos» Por ello, añadían, en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor de la ley, deberán «suprimirse». Sin embargo, dicho artículo no es aplicable a la estación de esquí del Puerto de Navacerrada. ¿El motivo? La estación no forma parte del Parque Nacional: es lo que se conoce como un «enclavado» y, como tal, está excluido de las zonas de protección establecidas en la declaración de Parque Nacional.

«Se cerró el Puerto por un capricho y han vendido humo»

Poca «resistencia» se espera en los municipios afectados al Gobierno de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que, en Navacerrada, la alcaldesa es socialista, y en Cercedilla, el alcalde gobierna con los votos del PSOE y Podemos. La portavoz del PP en Navacerrada, Sandra Redondo, llevará hoy al Pleno del municipio la información avanzada por LA RAZÓN.

«Nos han engañado a los municipios. Primero, con un cierre político y caprichoso. Y lo han hecho de nuevo con este programa de inversiones. Han cerrado el Puerto por un capricho y nos han vendieron humo en las propuestas para la mejora», señala Redondo a este diario. Así, considera que la alcaldesa, la socialista Ana Paula Espinosa «se ha puesto del lado del PSOE. La callaron tras negociar una ayuda de 800.000 euros, sin consultar a nadie más y sin ninguna transparencia. No hay pliegos, no hay licitaciones... no hay nada».

Con esos 800.000 euros, Redondo se refiere a la medida «estrella» del plan de reactivación económica prometido por el Miteco: el acondicionamiento de una ruta alrededor del embalse de Navacerrada con un punto de acceso e instalación de equipamientos. «¿Qué tipo de actividad económica va a incentivar esa ruta? ¿Va a dar puestos de trabajo?», se pregunta. En su opinión, lo que hay que hacer es «trabajar para una zona, el Puerto de Navacerrada, en el que hay comercio, deporte, cultura, historia... Lo que hay que hacer es parar un cierre injustificado. Se basaban en el cambio climático, pero se da la casualidad de que ninguna otra estación de España va a cerrar por ese motivo. En realidad, el cierre del Gobierno no tiene otro objetivo que dañar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso», sostiene. Así, no tiene dudas de que, en las próximas elecciones municipales, el PSOE «lo va a pagar en las urnas».

Uno de los problemas que ahora mismo está sin resolver, y que también se ha dejado aparcado por parte del Gobierno, es la reapertura de la vía férrea, lo cual «mejoraría el problema del transporte y se evitarían colapsos de tráfico». «No tenemos que cerrar la estación: es compatible con el entorno. Pero se puede mejorar el acceso con autobuses y lanzaderas eléctricos, parkings disuasorios... Hay alternativas al coche. Ese es el planteamiento a seguir, de forma que mantengamos la práctica del deporte y la economía».

Por su parte, Javier de Pablo, portavoz del PP en Cercedilla, también critica que se «prometieron muchas cosas, pero todo sigue en standby». Entre ellas, la demolición de varios edificios del Puerto y que parece que nunca llega. «Hay zonas del Puerto que se encuentran en un estado penoso. Hay una dejadez de muchos años y no se ha invertido», señala. Del mismo modo, critica el abandono de la línea férrea. «Se pusieron a hacer una obra sin saber que la línea era una concesión administrativa y que había caducado. Han hecho unas cocheras tremendas, van a renovar toda la vía, y no sabían que la concesión administrativa estaba en vías de extinción. Hay fórmulas para sacarlo hacia delante, pero es cuestión de sentarse a hablar». La del ferrocarril es una de las reivindicaciones de la plataforma ciudadana Salvemos Navacerrada, que, desde que el Gobierno anunció la no renovación de las pistas, ha liderado la oposición frente a una decisión que consideran no solo perjudicial para la zona, sino letal para el deporte madrileño.