El “regalazo” fiscal (involuntario) de Pedro Sánchez a Madrid

Se acaba el año y algunos de precipitan en sacar adelante “todas” sus promesas ideológicas. Algo así es lo que le ha pasado el PSOE y a sus “socios de investidura”. Las prisas desmesuradas en la tramitación del impuesto a grandes fortunas ha brindado un “regalo” a Madrid y a Andalucía, entre otras. Precisamente las comunidades contra las que el Gobierno de Pedro Sánchez dirige el impuesto.

Y es que las ansias de Moncloa para que entrara en vigor este año el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF) con efectos retroactivos le ha traído un inesperado regalo a la Comunidad de Madrid, pero también a Andalucía y Galicia. Esto es, a contribuyentes que residen en autonomías donde el Impuesto de Patrimonio está bonificado parcial o totalmente.

Un error técnico que rebaja sustancialmente la cuota en la Comunidad de Madrid y Andalucía y también a Galicia, que lo bonifica, y a otras autonomías, las del PP que tienen el Impuesto de Patrimonio inferior al de grandes fortunas, Castilla y León y Murcia. Este error no había pasado desapercibido y de hecho una enmienda de ERC lo trataba de corregir en el Senado. Sin mayor éxito.

La cosa está en que el Gobierno no se ha querido arriesgar a que no pudiera aprobarse y pudiera entrar en vigor antes del 31 de diciembre pasado, de forma que pueda exigir el impuesto en la primavera de 2023, con la nueva declaración de la Renta.

El error técnico se encuentra en la regulación del escudo fiscal, el tope que busca evitar efectos confiscatoriospotencialmente inconstitucionales y que implica que la suma de las cuotas de IRPF y Patrimonio de un contribuyente no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF.

El Gobierno ha evitado que este nuevo impuesto se le considere confiscatorio sorteando la doble imposición sobre el mismo hecho imponible que el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, de la cuota del ISGF se deduce la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio satisfecho euro por euro. Esto sólo aplica en aquellas CCAA donde el IP no está bonificado. Es decir, no en Madrid y Andalucía, con una bonificación de este tributo del 100%, y parcialmente en Galicia, donde la bonificación es del 50%.

Así las cosas, la enmienda que crea el impuesto establece que para hacer el cálculo se debe incluir la cuota íntegra teórica, no la ya bonificada, con lo que los contribuyentes madrileños y andaluces, y en su medida los gallegos, podrán restarse todo lo que les tocaría pagar si sus comunidades respectivas tuvieran Patrimonio operativo. De esta manera la cuota de grandes fortunas a ingresar por el Estado quedará muy reducida, con rebajas que pueden ser millonarias. Una metedura de pata fiscal sobre la que Moncloa reflexiona y busca soluciones, pues, con la inflación disparada y la guerra de Ucrania para largo, el Gobierno no está dispuesto a perder dinero. Y menos a quedar en ridículo ante una estrategia desarbolada por ellos mismos. Un tiro fiscal en el pie.