Ayuso amaga con ir al Constitucional si el Gobierno no anula la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha empezado ya a «vallar» la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, de todo lo que tenga que ver con la memoria democrática o se le aproxime. Primero empezó con un cercado y ahora la valla empieza a coger envergadura. De hecho, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la anulación de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática como un paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez está invadiendo competencias autonómicas. Porque no escuchar las peticiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, «sería un ataque desleal y un ataque frontal al principio de lealtad institucional y al autogobierno», dijo el consejero portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Que saque sus manos de este edificio, todo lo que toca Sánchez lo convierte en un caos», añadió.

El consejero reparó en el sinsentido que, a su juicio, supondría no dar marcha atrás y desatender la petición madrileña cuando solo un 15% de la historia de este edificio, declarado Bien de Interés Cultural, se ha dedicado como Dirección General de Seguridad en la época del franquismo. De ahí que vincular la Real Casa de Correos con un periodo corto de su historia «sería una barbaridad». Y más aún cuando se trata de un edificio totalmente resignificado al ser sede de la Comunidad de Madrid.

El pasado 25 de noviembre, la Comunidad de Madrid manifestó su compromiso de proteger la Real Casa de Correos como un emblema de concordia y reconciliación para todos los españoles y ya planteó alegaciones ante la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. Y es que considera que la declaración unilateral del Ejecutivo central de designarlo como Lugar de Memoria Democrática, según el gobierno autonómico, distorsiona el valor histórico del inmueble y su papel como «casa de todos los madrileños».

La argumentación del Ejecutivo autonómico es que vincular el edificio con el franquismo por su uso como sede de la Dirección General de Seguridad tras la Guerra Civil es inadecuada y descontextualizada. El Gobierno regional solicitó el archivo del expediente presentado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática exponiendo que la declaración vulnera competencias autonómicas en la gestión del patrimonio y en el funcionamiento de las instituciones de autogobierno. Además, denuncia una «falta de lealtad institucional» por parte del Estado, al no haber informado previamente a la Comunidad de Madrid sobre un asunto de tal relevancia.

El documento de alegaciones también señalaba que la interpretación del Ministerio sobre la historia de la Real Casa de Correos es «sesgada».

La sede del Gobierno autonómico se construyó hace más de 250 años y ha desempeñado diversas funciones a lo largo de la historia. Además de haber sido la oficina central de Correos, fue testigo de los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, sede de la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, incluyendo su uso durante el Gobierno del Frente Popular.

El Gobierno de Díaz Ayuso está preparado para dar la batalla judicial, si es necesario, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara hace unos días que se iban a organizar un centenar de actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco bajo el lema «España en libertad».

Acto seguido, la presidenta madrileña criticó que Pedro Sánchez «haya enloquecido». De hecho, ya se teme que muchos de estos actos se celebren en la capital madrileña. «Como su Gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal».

De hecho ya avisó de que la Comunidad de Madrid, «garante de la Transición, la libertad y la Constitución, no se sumará a uno solo de estos eventos e iniciativas promovidas por Sánchez». Y dejo claro donde estará Madrid: «Con la democracia y contra el guerracivilismo», sentenció.

Ahora, el Gobierno autonómico ha enumerado las razones por las que considera que se están invadiendo competencias autonómicas: en materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos, enumeró ayer el consejero de Portavoz.

Disputa municipal

La memoria histórica también está en el centro de la discusión política en el ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, expresó el martes su respeto por la decisión de Más Madrid de recurrir ante los tribunales el cambio de nombre de la avenida de la Memoria por avenida de la Concordia. Sin embargo, el regidor criticó las intenciones del grupo liderado por Rita Maestre, al considerar que sus políticas de memoria histórica no promueven ni la reconciliación ni el encuentro.

El pasado lunes, Más Madrid presentó un recurso contra la decisión municipal, argumentando que el cambio de nombre, aprobado la semana anterior con los votos de PP y Vox, está plagado de «importantes deficiencias legales» y supone «un ataque» a la Ley de Memoria Histórica. Días antes, el PSOE-M había adoptado una postura similar.