Ayuso desvela la «espuria» quita de la deuda de Sánchez

La Comunidad de Madrid ha calculado en casi 500 euros extras lo que los madrileños tendrán que pagar para que los catalanes vean su deuda absuelta. Mientras, desde Cataluña abonarán 410 euros menos por persona.

La quita de deuda y su repercusión en Madrid ha caldeado esta semana la principal cita entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El PP madrileño y el Ejecutivo presididos por Isabel Díaz Ayuso han tomado la iniciativa y han anunciado una comisión en la Asamblea de Madrid y un recurso ante el «vergonzoso pacto» entre el PSOE y ERC. Antes del plante de los consejeros del PP a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo de Ayuso anunció que estudiará un recurso a la condonación ya que «supondrá que cada madrileño pague precisamente la fiesta independentista y también el sillón de Sánchez en La Moncloa».

Cataluña ha respondido al órdago madrileño. «Son de una profunda insolidaridad con el resto de territorios de España», apuntaron desde la Generalitat en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la presidenta pisó el acelerador en contra del «espurio» modelo. El Grupo Popular creará una comisión en la Cámara madrileña para analizar el impacto del acuerdo en la región.

La Comunidad cifra en 483 euros lo que pagará de más cada madrileño por este acuerdo, que no es una quita a todas las regiones, ha explicado esta semana la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert. «La deuda no ha desaparecido, sigue ahí, simplemente ha cambiado de manos y al asumirla el Estado, éste la socializará entre todos los españoles, que serán ahora los tenedores de las facturas impagadas de los derroches de los secesionistas».

El hecho de favorecer el endeudamiento ha dado lugar a una situación «esperpéntica e intolerable», que es que la Comunidad de Madrid dejará de ser la región de régimen común con menos porcentaje de deuda, para convertirse en la segunda por detrás de Asturias. Y en términos absolutos, de ser la cuarta, a la tercera.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha criticado que Hacienda elabore unos tramos a medida de ERC a costa de otras regiones, sobre todo de Madrid, «quienes menos endeudados estamos y a quienes menos impuestos exigimos a nuestros contribuyentes», según Albert.

La estrategia del Gobierno y del PSOE de Pedro Sánchez para dividir al PP se reflejó en la sesión de control de esta semana en el Congreso. En la Asamblea madrileña, el PSOE pretende reeditar el capítulo y ha contestado a los populares y a su comisión sobre los efectos del «cupo catalán» para los madrileños proponiendo que se estudie el beneficio de los 8.644 millones de deuda a la región.

La iniciativa del Grupo de Óscar López se conocía un día después de que el de Ayuso registrara en la Cámara una comisión para conocer «con detalle y rigor» las consecuencias que va a tener para Madrid el acuerdo del Gobierno con ERC que, según los populares, pretende un sistema de financiación propio para Cataluña.

La presidenta madrileña marcaba el paso esta semana nada más conocer el anuncio de Junqueras y los socialistas salieron en tromba aprovechando sus palabras. «No se puede tener más caradura y no se puede ser más arbitrario. Impone a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala inasumible e inaceptable en lugar de que, quienes han provocado la deuda en Cataluña, empiecen por tomar medidas y ser ellos los responsables», afirmó.

El primero en reaccionar a sus palabras fue el ministro Óscar López, que ironizó con que «nadie con sentido común rechazaría una rebaja de su hipoteca». El secretario general de los socialistas añadió que «Madrid es una de las regiones más beneficiadas por esa decisión: 8.644 millones, casi un 25 por ciento de su deuda», un argumento que difundió de inmediato el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en confrontación permanente con la Comunidad y el Ayuntamiento.

En Cibeles, la encargada de dar voz al plan de Gobierno fue la portavoz adjunta de los socialistas, Enma López, que señaló a los populares del grupo de José Luis Martínez-Almeida por oponerse al modelo del Gobierno pactado con ERC. «En su mundo de fantasía se creen que alguien va a entender que ustedes renuncien a 8.644 millones de euros. Pero ahí fuera no lo entiende nadie», subrayó. La respuesta le llegó por parte de la vicealcaldesa, Inma Sanz, que le espetó: «Viven ustedes en un acto de corrupción política continuada, pagando el alquiler del centro de negocios de la familia Sánchez-Gómez en la Moncloa con el dinero de todos los españoles y, muy particularmente, con el de los madrileños; 17.000 millones es el precio del último saqueo. Porque eso es el sanchismo: premiar al golpismo y castigar la lealtad institucional; exprimir al contribuyente madrileño para comprar el poder; atacar a Madrid para tapar sus vergüenzas. Y están ahora ante una nueva maniobra trilera en forma de trágala para privilegiar a la élite independentista de Cataluña».

La semana en la que la condonación de la deuda ha sido la protagonista del debate político, la confrontación entre el Gobierno de Sánchez y el de Ayuso se ha recrudecido. A la tensión por el modelo pactado con los independentistas se ha sumado el intercambio de cartas entre la presidenta regional y el ministro Ángel Víctor Torres.

El titular de Política Territorial se ha dirigido a Ayuso para reclamarle que reconozca la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como lugar de «represión y tortura» después de que la dirigente popular descartara un acuerdo para instalar una placa que señale al edificio como Lugar de Memoria Democrática. Ayuso preguntó al ministro y ex presidente del Gobierno de Canarias por qué el parlamento y los aeropuertos canarios, no y la Real Casa de Correos, sí, en referencia al «afán manipulador del Gobierno».

En la Puerta del Sol achacan a ese afán el intento del Ejecutivo de Sánchez de relacionar la sede de la Comunidad de Madrid con el franquismo en un afán por «imponer una visión sesgada de la realidad». El penúltimo intento del Gobierno por «colonizar las instituciones», como lo interpretan en el Ejecutivo regional, amenaza con prolongarse. En Sol no quiere placas.