Ayuso llevará a la Audiencia Nacional y el Constitucional el acuerdo de financiación con Cataluña porque "arrolla" la Constitución

Dos regiones, un mismo país, y una financiación diferente. La Comunidad de Madrid y su presidenta lo tienen claro: que los tribunales decidan. Isabel Díaz Ayuso anunció que llevará ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo de financiación entre el Gobierno y Cataluña. Y avisa: dicho acuerdo «arrolla» nuestra Constitución.

Así lo avanzó en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, donde aseguró que irá «donde tenga que ir» para denunciar este acuerdo bilateral .»Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, donde tengamos que ir para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte», informa Ep.

Así, Díaz Ayuso criticó que los «cínicos independentistas hayan acordado impedir a las demás comunidades autónomas bajar impuestos». «Ya solo faltaba que los independentistas redacten la Constitución, porque en ella se recoge nuestra autonomía fiscal. No queremos para Madrid el espolio al que la izquierda y los independentistas someten a Cataluña, llevando a la decadencia a la que era la región más próspera de España. Es llevar los males de la política catalana a España entera», ha denunciado.

Por ello, considera que hay que «revertir todo este daño» que pretenden causar «como siempre en periodo vacacional que es cuando operan a mayor velocidad las tiranías».

Previamente, durante la mañana, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, denunció que la financiación singular catalana es «un despropósito» y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer «corrupción de Estado» con esta propuesta.

«Esa mal llamada financiación singular para Cataluña es un auténtico despropósito, es una medida que quiere tomar el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de garantizar su permanencia en La Moncloa. Es ilegal, es inconstitucional y además es corrupción de Estado, corrupción institucional», alertó García Martín.

El consejero, que este lunes asistió a un premio del Consejo General del Poder Judicial a los facilitadores judiciales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya avanzó que el Gobierno regional hará uso «de todos los resortes» a su disposición para evitar lo que considera es una «barbaridad». Y es que, si bien el presidente del Gobierno «ha acostumbrado a la población a la corrupción», no por ello hay que «dejar de denunciarla y seguir evitando» que esta financiación singular «empeore los servicios públicos».