Educación
Ayuso aplaca a los rectores de las universidades públicas con 47,3 millones
Supone un aumento del 4,2% con respecto al año pasado. También pasa de 7,6 a 20 millones el dinero asignado para el mantenimiento de infraestructuras
El lamento de los rectores por la falta de financiación se venía escuchando desde hace tiempo. En los últimos días con más fuerza por la proximidad de la aprobación de los Presupuestos de 2025, que perpetuaba, bajo su punto de vista, la «insostenibilidad económica» que imposibilita «la calidad del servicio público», expresaban en una carta conjunta que filtraron a un medio crítico con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El problema se ha resuelto por la presidenta autonómica con más dinero, lo que enmudeció a los rectores. Y si bien la oferta de Ayuso no responde a sus aspiraciones, al menos calma la situación tras la comida que mantuvieron. Así, las universidades públicas madrileñas tendrán más financiación el próximo año: 47,3 millones, para ser exactos. Un 4,2 por ciento más que lo destinado el año pasado, según informó la Comunidad de Madrid tras el encuentro con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.
El compromiso de Díaz Ayuso fue que el incremento se reflejará en el proyecto de las cuentas regionales para 2025, que se aprobarán antes de que acabe el año en la Asamblea de Madrid.
De momento, ya se está trabajando e un marco de financiación estable vinculado a la consecución de objetivos, que es lo que pretende desarrollar la ley de universidades madrileñas que prepara el Ejecutivo autonómico. A esto se une que habrá un incremento de la partida para inversiones y mantenimiento de infraestructuras y edificios universitarios, que ha pasado de ser de 7,6 millones, según el proyecto de Presupuestos, hasta alcanzar los 20 millones de euros, una de las principales preocupaciones de los rectores.
Asimismo, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya está trabajando junto a los rectores en un plan de infraestructuras para definir el estado y necesidades que presenta cada institución. Comunidad de Madrid y Universidades seguirán trabajando sobre el nuevo modelo de financiación vinculado a la nueva ley de universidades a partir de mediados de enero.
No es la primera vez que los rectores se quejan de la situación económica por la que atraviesan los campus. El pasado mes de abril los rectores hicieron un acto conjunto, por primera vez en 20 años, para exigir una financiación mayor y alertar de la precariedad económica de las instituciones académicas: «Estamos en riesgo, estamos en un momento en que la dificultad es mantenernos», dijeron. La financiación que reciben las universidades «no cubre los gastos de personal, es insuficiente y tenemos obsolescencia en todos los edificios, estamos anticuados en las instalaciones», se quejaba el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias. Mientras, el Gobierno madrileño trata de poner un nuevo escudo frente a la Ley de Universidades del Gobierno central (LOSU) y frente a situaciones como la ocurrida con la mujer de Pedro Sánchez, que ha ejercido como codirectora de una cátedra sin titulación universitaria, una circunstancia que se considera que empaña la imagen de la Complutense. La nueva normativa pretende combatir también la endogamia universitaria y la intromisión de perfiles no cualificados. Así, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), obligará a que los candidatos a rector estén al menos acreditados para ser catedráticos, una exigencia que había sido retirada de la LOSU. Con ello se trataría de recuperar el prestigio de las universidades.
La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad pretende resolver uno de los grandes problemas de los que se quejan los rectores: la infrafinanciación. Durante la inauguración del curso universitario Ayuso aseguró que la normativa madrileña regulará un modelo de financiación plurianual, revisable cada cinco años, que contemplará una financiación básica para el funcionamiento de la universidad, otra por necesidades singulares y, finalmente, habrá otra línea de financiación por aportación de objetivos que sería «adicional, opcional y competitiva».
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