La Comunidad se niega a devolver a Fuenlabrada el edificio para acoger inmigrantes y acude al Contencioso

Buscar un lugar para acoger a un centenar de menores inmigrantes no acompañados que llegan a Madrid en Fuenlabrada se ha convertido en uno de los asuntos más espinosos y conflictivos entre la administración autonómica y local por las resistencias del alcalde de la localidad del sur, Francisco Ayala (PSOE).

La Junta de Gobierno del municipio aprobaba el lunes revertir el uso de La Cantueña por parte de la Comunidad de Madrid, que estaba dispuesta a empezar de manera inminente las obras proyectadas para acoger inmigrantes. Pero, ahora, la Comunidad de Madrid, a través de sus servicios jurídicos, ha presentado un recurso en el juzgado contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que pretende frustrar los planes del Gobierno de Ayuso con el argumento de que, en su día, cedió el espacio para la construcción de un centro medioambiental, no de inmigrantes, lo que supondría un cambio de uso.

La Comunidad de Madrid no está dispuesta a devolver el edificio ya que asegura que se trata de un inmueble cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que no puede ser revertido por el Consistorio fuenlabreño. «Tenemos el mandato legal de atender a los menores no acompañados que han sido trasladados hasta nuestra región. La crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar este asunto hace necesario que las Comunidades autónomas ampliemos los recursos para atender a los menores no acompañados que en este momento están completamente saturados», ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El consejero cree que la actitud del alcalde demuestra «una completa insolidaridad e incoherencia» porque «es el Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, el que está desplazando a los menores no acompañados hasta nuestra región y a los que tenemos que atender. Otras localidades de la Comunidad de Madrid cuentan con centros de primera acogida de menores no acompañados y el Gobierno central ha habilitado campamentos en municipios como Madrid, Pozuelo de Alarcón o Alcalá de Henares».

De ahí que haya exigido al regidor que explique las verdaderas razones que hay detrás de todas sus actuaciones, abandone su «actitud obstruccionista» y se sume a la Comunidad de Madrid para exigir al Gobierno central que tome medidas para frenar la crisis migratoria.

El quid de la cuestión se centraría ahora en resolver a quién pertenece exactamente el edificio de la Cantueña porque las dos administraciones se consideran las propietarias del edificio situado en el cerro de La Cantueña y quieren darle usos diferentes. De ahí que a principios de semana el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobara el acuerdo de reversión del inmueble para que vuelva a ser de titularidad municipal con el argumento de que hace 20 años se cedió a la Comunidad para destinarlo a un centro de difusión medioambiental, cometido que no ha tenido nunca. Al querer ahora la Administración autonómica destinarlo a un centro de menores inmigrantes, el Ayuntamiento entiende que se incumple el convenio de cesión firmado en el año 1999.

Aunque el pulso entre las dos administraciones continúa en los tribunales, el Ayuntamiento de Fuenlabrada también ha registrado una queja en el Defensor del Pueblo porque entiende que el proyecto «no cumple con los parámetros de derechos humanos del Consejo de Europa». Mientras, el Gobierno de Ayuso ya ha aprobado destinar 18,7 millones para la rehabilitación de los 4.000 metros cuadrados de los que dispone la edificación que podrá albergar hasta 96 menores mientras siguen llegando cifras récor de inmigrantes sin papeles menores de edad a los que Madrid tiene que acoger.

El alcalde de Fuenlabrada se había quejado de que el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, no se uniera a su causa pero, ahora, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa en la Asamblea en la que se exige que la Comunidad de «una acogida digna» a los inmigrantes «en centros pequeños que se parezcan a un hogar», en la línea de lo que pide el alcalde de la localidad del sur.