«Guerra» institucional Sol-Moncloa: vetos en actos en una relación de alta tensión

La relación Sol-Moncloa transita por las líneas de alta tensión, entre la sobrecarga y el alto voltaje con picos y valles por los que discurre la política madrileña. Ahora vuelve a alcanzar un nuevo máximo después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya decidido no invitar a ningún miembro del Gobierno de España al acto institucional por el Dos de Mayo, la festividad de la Comunidad de Madrid, que se celebra en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico después de que «el Gobierno central haya roto completamente la relación institucional con la Comunidad de Madrid», detallan desde Sol.

Hasta ahora, tradicionalmente se había invitado al Gobierno de España a una de las fiestas grandes de la Comunidad de Madrid. El año pasado, en concreto, además del delegado del Gobierno en Madrid, acudió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este año se tacha de la lista de invitados a cualquier miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez por las «constantes faltas de respeto, ataques a la Comunidad de Madrid y a su presidenta», argumentan desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Ya hace unas semanas, el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, hizo de avanzadilla al anunciar el cese de toda relación institucional con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, mientras en el Ayuntamiento de la capital el clima está al rojo vivo después de que la portavoz socialista Reyes Maroto hablara de «asesinatos» durante la pandemia al referirse a la gestión que se hizo durante la pandemia.

Ayer mismo se evidenciaba aún más la relación enrarecida y tensa entre las administraciones central y autonómica después de que la presidenta madrileña acusara al Ministerio de Defensa de no dejarla presidir un acto de jura de bandera de civiles, que se celebrará este sábado, en el municipio de Alcobendas.

Desde Sol aseguran que la dirigente autonómica fue invitada hace tiempo al acto por la alcaldesa de la localidad, Rocío García Alcántara (PP). Sin embargo, el Ministerio de Defensa la advirtió que, si Ayuso lo presidía, «el acto se cancela». Pero la alcaldesa decidió mantener la invitación y entonces Defensa lanzó una advertencia: «Si la presidenta acude, la alcaldesa no presidirá el acto junto al general de Brigada. En ningún caso Ayuso presidirá el acto». A pesar de esta circunstancia, Ayuso ha decidido acudir, aunque sea en condición de invitada y relegada de cualquier representación como jefa del Ejecutivo madrileño.

La jura de bandera para personal civil se celebra en la Plaza Mayor, a partir de las 12 horas y se trata de la cuarta que se realiza en la ciudad, tras las celebradas en los años 2007, 2012 y 2014 con motivo del Día de la Constitución.

No obstante, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quiso rebajar la tensión. «Entiendo que quieren encontrar un espacio para enfangar el terreno del juego. Nosotros no estamos en eso. Estamos en construir y en celebrar, junto con la alcaldesa de Alcobendas, este acto junto a las Fuerzas Armadas, algo que es muy importante, porque es una forma de acercar también el trabajo que realiza el Ejército», dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, el Ministerio de Defensa replicó a Díaz Ayuso, que puede asistir al acto de jura de bandera de civiles que se celebrará en Alcobendas, pero como invitada. Fuentes del Ministerio que dirige Margarita Robles explicaron, tras la queja de Ayuso, que las juras civiles las preside habitualmente un general y que, en Alcobendas, la ceremonia estará presidida por el general de brigada Antonio Bernal, informa Ep.

El desencuentro ha venido precedido de otro episodio turbulento. Hace pocos días la líder autonómica anunciaba que el Gobierno de España había prohibido la parada militar en el Dos de Mayo, la fiesta regional, algo que consideraba «inconcebible». Se trataría de la primera vez que ocurre algo semejante a un presidente autonómico. Por no hablar de la pelea que mantiene el Gobierno autonómico con el Ejecutivo central para evitar que la Real Casa de Correos sea considerada lugar de memoria, un conflicto que ha llegado a los tribunales.

A todo esto se suma que hace unos días el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su decisión de interponer una triple querella contra Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid; Ione Belarra, secretaria general de Podemos; y Juan Pablo Fernández Santos, secretario de organización de Podemos. La denuncia tiene que ver con sus declaraciones sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, al calificar la actuación del Ejecutivo regional de «homicida y criminal».