Madrid activa un plan para acabar con la «ingeniería» ideológica de Moncloa en las aulas

La semana en la que Madrid ha vivido la tormenta perfecta, la presidenta Isabel Díaz Ayuso activa la alerta sobre la ideologización de la Ley Celaá en las aulas. La aplicación de la norma del Gobierno de Pedro Sánchez ha recrudecido la batalla entre Moncloa y la Comunidad de Madrid, que ya denunció ante el Supremo el decreto de Bachillerato por su «elevada carga ideológica». Este curso, Ayuso ha presentado un paquete de medidas para blindar las aulas madrileñas de la «ingeniería social». Entre éstas, la revisión de los libros de texto con contenido «ideológico», el impulso del español, la generalización de exámenes orales, el fomento de la lectura y la recuperación de las notas numéricas, una iniciativa que inició el curso pasado y que éste se implantará de manera generalizada. Además de las calificaciones genéricas (lnsuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente), los padres conocerán la nota de sus hijos también en las pruebas orales que la Consejería de Educación ultima en una guía para instar a los centros a su aplicación.

Si el aviso de la DANA abría la caja de los truenos por la defensa que la popular hizo, el inicio de curso volvió a colocar las aguas en el cauce de las diferencias de ésta con Sánchez. Ayuso marcó distancias con la gestión educativa del Gobierno y descargó sus medidas para combatir la «baja calidad» de la enseñanza. El plan «La libertad, la pluralidad y la calidad de la educación» pretende también potenciar la lectura de los clásicos y la Historia de España.

Las medidas han tenido la respuesta del líder socialista madrileño, Juan Lobato, que ha acusado a la presidenta de montar «200 polémicas»y «sin mover un dedo» por la educación, entre obras y parcelas sin uso. Se estrenaba el portavoz del PSOE alegrándose de que la Comunidad de Madrid aplicara lo indicado desde Protección Civil por las intensas lluvias en Madrid en lugar de criticarlo como hicieron otros líderes del PP con la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Pese a su intento por estirar la polémica, ésta amainó pronto. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, aclaró que no pretendía atacar a Madrid cuando recriminó la exageración de la medida.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, entró en tromba tras pedir a los madrileños que permanecieran en sus casas. Instó al organismo público a «afinar» sus previsiones un día después y cargó contra la izquierda por no permitir expresar lo que definió como una opinión.

La DANA dejó dos muertos e innumerables daños en el suroeste de la región. La Comunidad preparaba cinco órdenes de emergencia para reconstruir infraestructuras, solventar daños y pedir la declaración de zona catastrófica. A la vez, Ayuso defendía que «elevar la alerta ha permitido evitar una situación peor», en clara diferencia con sus compañeros de partido. «Tenemos que agradecer el comportamiento ejemplar de los madrileños durante este domingo después de recibir la alerta», un mensaje alejado de la sobreactuación que veían otros cargos populares que arreciaron contra el ente público. También lo hizo Santiago Abascal el día que la portavoz madrileña de Vox, Rocío Monasterio, confirmaba que continuará al frente de la formación en Madrid. La salida de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, de la cúpula directiva nacional y del Parlamento activó la teoría de un posible abandono de ésta de la política. «Si no estuviera comprometida, no estaría aquí», zanjó mientras Ayuso elevaba el tono contra su jefe de filas y agradecía al Gobierno del socialista García-Page la colaboración en las tareas para revertir el desastre. «Contribuir con los demás, importa», subrayó tras las palabras del líder de Vox cuestionando la conveniencia de los avisos en función de quienes lo hayan pedido o no.

Las lluvias inundaron el debate madrileño los días previos a la reunión de la presidenta con los portavoces de la oposición. La Asamblea estrena nuevo periodo de sesiones con la mayoría absoluta del PP y con las leyes del Gobierno aparcadas el curso anterior. Además, el Ejecutivo autonómico llevará a la Cámara la rebaja del 0,5 por ciento en todos los tramos del IRPF, liderando una vez más la política de rebajas impositivas que el PP aplica en la región desde hace 19 años. Es un nuevo camino en los descuentos de la cuota autonómica. El resto de rebajas afectaban sólo a alguno de los tramos mientras la nueva propuesta revertirá en todos los contribuyentes.

La medida dará un respiro a los madrileños en plena tormenta inflacionista y con la extraordinaria escalada de los precios. El Gobierno se ha negado a introducir ajustes en la cuota del IRPF para aliviar las economías domésticas y la merma de los sueldos, una posición refrendada desde la izquierda madrileña que defiende la progresividad del sistema tributario para engrosar el aumento del gasto social con la recaudación.

El debate fiscal se prevé cruento en Vallecas. La líder de Más Madrid, Mónica García, ya demonizó la pasada legislatura las bajadas de impuestos del PP, centrando las críticas fundamentalmente en la Sanidad, el mantra que se le truncó cuando desaparecieron las movilizaciones. La defensora de Yolanda Díaz criticó la «detracción» de recursos públicos mientras el secretario general de los socialistas madrileños se desmarcaba de su partido con deducciones en el IRPF. Así lo propuso en el programa electoral de las pasadas autonómicas y municipales pero la campaña ya pasó.