Madrid exige al ministro Puente las bonificaciones en 2024 para Metro y buses

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la convocatoria urgente de la Conferencia Nacional de Transportes para abordar las bonificaciones en los precios del transporte público de cara al próximo año.

Rodrigo se ha dirigido a Puente a través de una carta, enviada este lunes, en la que se queja de "la falta de información" de la que disponen sobre la planificación del Ministerio en relación a estas bonificaciones que, "previsiblemente", se "aplicarán a partir del próximo 1 de enero".

"Las únicas informaciones que conocemos sobre esta posible rebaja de precios son las que aparecen en los medios de comunicación", ha denunciado el consejero regional.

Considera que la situación es "demasiado parecida a la del año precedente, en la que de manera unilateral y sin la debida coordinación y previo diálogo con las comunidades autónomas y entidades locales afectadas hasta el 27 de diciembre no se supo de manera oficial cómo se concretaban las medidas", lo que provocó "una innecesaria precipitación en la adopción" de dichas medidas en todas las administraciones públicas que prestan el servicio de transporte público.

"Es necesario que conozcamos con mayor antelación las actuaciones y objetivos que se persiguen, de forma que puedan ser implantadas de manera segura, coherente y pausada. Sin duda, la precipitación la pagan luego los usuarios", ha subrayado Rodrigo en la misiva.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que "el Consorcio Regional de Transportes de Madrid destina prácticamente 3.000 millones de euros al transporte público" por lo que no puede dejar de reclamar que "la aportación del Estado sea acorde con el esfuerzo presupuestario que tanto la Comunidad de Madrid, como todos los municipios madrileños, efectúan para que el usuario del transporte público siga disponiendo de un servicio de la máxima calidad".

En este sentido, ha denunciado que "la aportación estatal a este coste lleva congelada en 126 millones de euros desde hace una década, y es necesario que la misma vuelva a significar un apoyo importante al montante total del servicio y no el carácter residual que, poco a poco, ha ido adquiriendo".