Extranjería

Madrid se planta contra las cuotas "impuestas" de menores inmigrantes

Acusa al Gobierno central de invadir competencias autonómicas. Prevé abrir un nuevo centro de primera acogida de extranjeros con

Una de las salas de asilo del aeropuerto de Barajas.
Una de las salas de asilo del aeropuerto de Barajas.La Razón

Madrid se ha puesto en guardia al conocer la reforma urgente de la Ley de Extranjería que negocia el Gobierno con Canarias sobre el reparto de menores no acompañados que llegan a sus costas. Según la propuesta del Ejecutivo central, el reparto obligado de los recién llegados se produciría cuando los recursos de acogida canarios estén al 150% de su capacidad. De aplicarse estos parámetros, con la situación actual que tiene Canarias, deberían salir ya mismo 2.500 con destino a las comunidades autónomas. Pero si ya, de por sí, los recursos con los que cuenta la Comunidad de Madrid para atender estos menores «están tensionados», nuevos envíos «podrían poner en peligro la red de protección de menores» de la región y podría generarse una situación de «desbordamiento», aseguran fuentes del Gobierno regional. «El objetivo del acuerdo con Canarias es imponer cuotas o traslados en el reparto de menores no acompañados al resto de autonomías, sin contar con su aprobación. Es decir, pasar de una política migratoria basada en la solidaridad, y coordinada con las autonomías, a una basada en la imposición. Las autonomías no conocen ni una línea de este acuerdo», añaden las mismas fuentes.

La consejera Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lamentaba ayer que se tratara de un «acuerdo unilateral, que no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas. Debemos exigir esa participación y acordar las condiciones y la dotación económica que corresponderá en base a unos criterios de reparto». Y aunque Madrid «es una región acogedora, integradora y abierta, necesitamos colaboración del Gobierno de España para poder hacer una adecuada atención a esas personas, muchas de las cuales arriesgan la vida para llegar a España», insistió.

El problema que ve Dávila es que el Gobierno de Pedro Sánchez no esté actuando en origen, en las fronteras, para hacer frente a la crisis migratoria. «Es importante que empiece por ahí porque en la integración de las personas que vienen de fuera nos va a tener siempre de la mano, pero tiene que actuar sobre este caos de crisis migratoria que ha generado el propio Ejecutivo central con su inacción», sentenció.

El Gobierno madrileño cree, además, que el acuerdo con Canarias «es una invasión ilegítima en las competencias exclusivas de las autonomías en materia de protección de menores, lo que determinaría la inconstitucionalidad de la norma». Por no hablar de la fórmula de la Proposición de Ley o la del Real Decreto para materializar unos cambios que considera «inaceptables, por cuanto suponen excluir del marco formal y material de la negociación a las comunidades autónomas, que son las afectadas por la reforma normativa que se propone».

En el primer trimestre del año, la Comunidad de Madrid ha atendido a un millar de menores extranjeros no acompañados, casi la misma cifra en todo el año pasado con lo que «tenemos los centros tensionados»; hay comunidades autónomas que han hablado de centros colapsados y por eso es tan importante que tengan en cuenta los recursos que tenemos a disposición o los que podríamos generar para poder atender bien a las personas que tenemos que atender, porque no son números y no se reparten bajo criterios que ni siquiera conocemos las comunidades autónomas».

Según los datos del Ministerio de Interior, Madrid sería la tercera Comunidad autónoma que recibe más menores extranjeros que llegan solos después de Canarias y Andalucía. Hasta el 31 de marzo de 2024, un total de 1.542 menores fueron acogidos en la región, una cifra que ha crecido de manera significativa ya que, en 2023, el número fue de 849 en el total del año. A éstas cifras habría que sumar los inmigrantes que se encuentran en otros centros gestionados por Interior y que se declaran menores pero están pendientes de pruebas oseométricas que lo ratifiquen . Solo en el acuartelamiento de Alcalá de Henares, que ha ido aumentando progresivamente su capacidad hasta llegar a los 1.470 (actualmente hay 1.204), un total de 96 aseguran ser menores de edad.

De momento, hoy está convocada una comisión sectorial de Inmigración a la que acudirán los directores generales de las comunidades autónomas, pero Madrid se lamenta de que en el orden del día no esté previsto hablar del reparto de extranjeros ni tampoco de financiación. Precisamente, éste es uno de los asuntos que preocupa a la Comunidad de Madrid ya que, según aseguran desde el Ejecutivo regional, hasta ahora el Gobierno central ha proporcionado una «financiación puntual y escasa» cuando se ha producido traslados de inmigrantes.

Es por esto por lo que ha exigido al Gobierno de España que otorgue a todas las autonomías la misma interlocución que tiene con Canarias y negocie con todas en la Conferencia Sectorial. Y no solo eso, también demanda «que ofrezca información, coordinación y recursos a las comunidades de acogida, que actúe en los países de origen, controle las fronteras y acuerde medidas para garantizar una adecuada atención y separación de los menores indubitados».

Nuevo centro

Así las cosas, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé aprobar hoy una inversión de 6,9 millones de euros para el acondicionamiento por trámite de emergencia de un nuevo centro de primera acogida para menores inmigrantes. Este nuevo dispositivo estará ubicado en el edificio La Cantueña, propiedad de la Administración regional y situado en el municipio de Fuenlabrada. Tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase y estará operativo en el segundo semestre de este año, una vez concluyan las obras de reforma, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Estos trabajos se centrarán en 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas donde tendrán cabida distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración. También se aprobará hoy una partida de más de 420.000 euros para la puesta en marcha de 30 plazas para menores en tres pisos tutelados, dos situados en Madrid capital y el tercero en Galapagar durante los tres próximos meses.