Un médico que estuvo al frente del área de Sanidad de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se sentará el próximo jueves en el banquillo por delitos de acoso y abuso sexual a una agente en 2017, por los que la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión.

A la petición de pena de cárcel del fiscal se une la de tres años y cuatro meses de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de médico y de funcionario de la Policía, la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante cinco años y otros tantos de libertad vigilada.

También la petición de una indemnización de 10.000 euros para la acusada por daños morales, "siendo responsable civil subsidiario el Ministerio del Interior".

La Fiscalía acusa al médico de masajear a la funcionaria de Policía, con la excusa de una dolencia y "con clara intención lasciva, sin que ella se lo pidiera", de provocar en ella sensaciones intimidatorias y humillantes, hasta que un día llegó a posar su mano sobre su ingle por encima del pantalón mientras la observaba, lo que provocó que ella quedase "paralizada".

Así lo expone en su escrito de conclusiones provisionales, donde alude a frases del acusado como "aquí las chicas que vienen, si responden y se portan bien, yo las coloco luego cuando sea", cuando la víctima se incorporó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en marzo de 2017.

Desde el inicio de su relación laboral -explica la Fiscalía-, "el acusado, de manera 'muy cortés', le cedía siempre el paso colocando una mano en su cintura haciendo un gesto de acompañamiento, tocamiento que fue aumentando paulatinamente, hecho que incomodaba a la funcionaria".

Al saber que ella había tenido una lesión en la zona lumbar, la llamaba a su despacho y la realizaba masajes "con clara intención lasciva", con la puerta cerrada, llegando una vez a pedirle "que se bajara el pantalón, más de lo estrictamente necesario, masajeándole los glúteos".

Unas dos veces por semana -señala la Fiscalía- la llamaba a su despacho, se ponía tras ella y le acariciaba el cuello llegando en alguna ocasión a apartarle los tirantes del sujetador, acariciándole y susurrándole en el oído, 'relájate mujer, estas muy tensa, estoy ayudándote para que mejores y no tenga que jubilarte'". Esta expresión producía a la funcionaria una situación intimidatoria y ansiedad.

El 7 de septiembre de ese año fue cuando se produjo el último episodio: el acusado pidió a la mujer que le llevase en coche y, en un momento dado, puso su mano sobre su ingle "manteniéndola mientras se giraba para observarla, reaccionando la funcionaria con gran tensión, quedando paralizada, y sin volver a dirigirle la palabra hasta llegar al destino".

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de delitos de acoso sexual y de abuso sexual continuado -que se convirtió en agresión sexual con la reforma de la ley en 2022