La brecha política abierta en Alcalá de Henares por la presencia del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) ha entrado en una nueva fase de confrontación mas intensa. La alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet (PP), se reunió ayer con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para exigirle que cerrara el centro y la respuesta del representante de Pedro Sánchez en Madrid fue no solo que no estaba entre sus planes cerrarlo, sino que tenía intención de ampliar el polémico centro de migrantes instalado en el antiguo acuartelamiento Primo de Rivera. «Nos ha dicho que no solo no lo va a cerrar, sino que lo va a ampliar», afirmó con indignación la regidora tras la celebración de una Junta Local de Seguridad en la que coincidieron los dos protagonistas de la disputa institucional.

La alcaldesa no ha ocultado su preocupación por la situación que se vive en el municipio a raíz de las llegadas de migrantes sin ningún plan de integración hasta el punto de afirmar que «tenemos un problema de convivencia», especialmente en los barrios más cercanos al CAED. «Quiero evitar un Torre Pacheco, pero nadie nos garantiza que eso no se pueda producir», manifestó en declaraciones a LA RAZÓN.

Piquet asegura haber recibido numerosas quejas vecinales por las molestias que padecen. «Deambulan por las calles sin nada que hacer, copan las pistas deportivas y los vecinos no pueden utilizarlas. Ellos pueden salir a la calle y hacen su vida fuera del centro de acogida, buscan en la basura y dejan todo tirado por el suelo. A algunos te los encuentras ebrios en la vía pública. Es un problema de convivencia vecinal por falta de integración y estamos hablando de 1.700 chicos».

Piquet se rebela contra posibles acusaciones de racismo en un municipio en el que, precisamente, uno de cada tres residentes es extranjero: «No queremos que nos llamen fascistas por contar una realidad. Es indignante y una deslealtad porque nuestra cuota de solidaridad está cubierta».

La alcaldesa exige más medios por parte del Gobierno central y más información después de que desde el Ayuntamiento se tenga constancia de que «muchas incidencias del CAED se ocultan en los canales oficiales». «Quiero que alguien me asegure que todo el que llegue a Alcalá tiene una identificación y no cuenta con antecedentes penales», exigió después de reprochar al delegado que «durante meses no ha habido un plan de seguridad específico para el centro, y ahora pretende aumentarlo sin ofrecer datos ni garantías». La ampliación del CAED pone de manifiesto las profundas diferencias entre el Gobierno central y las autoridades locales, gobernadas por el PP en coalición con Vox. Mientras el Ejecutivo insiste en que España, y Europa en su conjunto, deben afrontar la actual crisis migratoria con altura de miras y solidaridad, desde el Consistorio complutense se insiste en que el centro ha generado un «pico de inseguridad» en los barrios cercanos.

El punto de inflexión llegó el 28 de mayo, cuando una joven de 21 años fue víctima de una agresión sexual en las inmediaciones del centro. Pocos días después, la Policía Nacional detuvo a un joven maliense residente en el CAED como presunto autor. La alcaldesa denunció entonces el «grave deterioro de la convivencia» en la zona, aludiendo a la «masificación» del centro, que desde su apertura en noviembre de 2023 ha llegado a albergar a más de 1.700 personas, pese a haber sido concebido para solo 200.

Desde Delegación del Gobierno se pidió cautela y evitar conclusiones precipitadas. Martín aseguró en declaraciones posteriores que la ciudadanía autóctona de Alcalá comete un 45 % más de delitos que la extranjera, lo que fue interpretado por el gobierno local como una «ofensa» y dio lugar a la reprobación formal del delegado por el Pleno municipal esta misma semana.

El delegado del Gobierno defendió la gestión estatal del centro y alertó contra lo que calificó de «discursos de odio» por parte de algunos representantes públicos. Martín subrayó que, desde su apertura, por el CAED han pasado más de 10.000 personas y se han registrado únicamente 16 delitos relacionados con residentes del centro, frente a los 14.500 delitos cometidos en total en la ciudad en ese mismo periodo. «Querer vincular el conjunto de la inseguridad a un solo punto es irresponsable y contraproducente para la seguridad de todos», afirmó el delegado. «Lo que está en juego no es solo la convivencia en Alcalá, sino la imagen de nuestro país y su capacidad para afrontar con dignidad una crisis humanitaria», informa Ep.

Martín también instó a Piquet a desmarcarse de las recientes concentraciones frente al CAED, no comunicadas a Delegación y promovidas por grupos de ultraderecha. Las dos últimas terminaron en disturbios con la Policía y cuatro personas detenidas. «Lamento no haber escuchado todavía de la alcaldesa una condena expresa a la violencia ni a los discursos racistas que se corearon en esas protestas», subrayó.

Rechazo municipal

Lo ocurrido en Alcalá no es un hecho aislado. En las últimas semanas, varios municipios gobernados por el Partido Popular han expresado su rechazo frontal a los planes del Gobierno central para redistribuir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta.

Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, aprobó ayer una moción de urgencia para rechazar el traslado de 400 menores al CREADE del municipio. En el debate plenario, el PP denunció la «imposición» del Gobierno sin previa consulta, mientras que Vox fue más allá y alertó de una supuesta «escalada de barbarie» vinculada a estos traslados.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, cargó duramente contra el Ejecutivo, acusándolo de tratar a los migrantes «peor que al ganado» y de «negociar con sus vidas» para mantenerse en el poder con el apoyo de independentistas.