El TSJM avala el convenio colectivo de la Comunidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado las tres demandas presentadas por los sindicatos SATSE y Comisiones Obreras (CC OO) para la suspensión cautelar del acuerdo y del Convenio colectivo único para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid. Este convenio, firmado en diciembre por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto a los representantes de CSIT Unión Profesional, CCOO, CSIF y UGT, establece mejoras salariales y organizativas que benefician a más de 40.000 empleados públicos.

Las organizaciones sindicales SATSE y CC OO impugnaron el acuerdo al considerar que vulneraba derechos fundamentales, como el derecho a la huelga, y cuestionaron la estructura retributiva del convenio. Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJM ha rechazado estos argumentos, permitiendo que el convenio siga en vigor. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha valorado la decisión judicial como «un espaldarazo al diálogo social constructivo y al esfuerzo realizado para equilibrar los derechos de los trabajadores con la eficiencia del servicio público». Además, ha subrayado que el convenio se alcanzó tras un proceso de negociación y diálogo con los distintos sindicatos firmantes.

El acuerdo introduce un sistema de carrera profesional para los empleados públicos del sector de administración general y servicios, que permitirá mejorar sus condiciones laborales y estabilidad. Los trabajadores podrán incrementar su salario hasta un 50% en función de su desempeño, formación, compromiso con el servicio público y otros factores como la ocupación de puestos de alta exigencia o el nivel de absentismo. La consejera ha destacado que el Gobierno regional apuesta por «un nuevo sistema de evaluación laboral basado en la excelencia, el talento y el esfuerzo de los empleados públicos, con objetivos medibles y proporcionados para que quienes destaquen vean su trabajo recompensado». Cabe recordar que, antes de la resolución la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también cuestionó la legalidad del acuerdo.